La propuesta del Ministerio Público emanada el pasado lunes 4 de abril y que proponía una salida alternativa -el pago de una indemnización a cada una de las familias y la lectura de un manifiesto- para los seis imputados del caso tsunami, finalmente fue acogida por el Juzgado de Garantía de Santiago, que este jueves 7 de abril suspendió la investigación por las muertes provocadas por el maremoto de la madrugada del 27 de febrero de 2010.
La decisión fue comunicada por la titular del tribunal, jueza Carolina Gajardo, que se pronunció respecto de los argumentos esgrimidos por los abogados de las familias de las víctimas, “tenían que ver con otro procedimiento, en otra instancia”, aseguró.
Una de las dos cláusulas de la «salida alternativa» fue cumplida minutos antes de levantarse la sesión. El primero en subir al estrado fue el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, quien ofreció disculpas, asegurando que “Pueden tener el consuelo que el Estado de Chile reconoce en la voz de sus representantes, la incapacidad que tuvo para imponerse con rapidez de la catástrofe. Si alguna de mis acciones contribuyeron aquella noche a que se cometiera un error, lo lamento y, sinceramente, pido las disculpas por aquello” , expresó Rosende.
La ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, se emocionó desde el inicio de su intervención, ofreciendo disculpas a los familiares de las víctimas con la voz quebrada y los ojos humedecidos. “Mi propósito expresar muy especialmente a las víctimas del tsunamis del 27 de 2010 y también a su señoría y a la opinión pública, cuán profundamente es lo que lamento lo ocurrido con varios compatriotas que perdieron sus vidas aquella fatídica madrugada” , partió diciendo. “Aquella noche, no obstante, el total colapso, especialmente comunicacional que vivimos, y que incluyó a la Onemi”. (…) Creo haber realizado todos los esfuerzos para ir en ayuda de la población, como siempre actué. (…) Lo lamento honestamente, porque errores comete todo el mundo y no puedo estar exenta de ellos. (…) Vivo esta pesadilla con dolor e impotencia como ustedes, no se imaginan. Y estoy cierta que no se podrá comparar (el dolor) con el de ustedes”, afirmó Fernández.
El punto que queda pendiente es el pago de los 235 millones de pesos, que será dividido entre todas las familias de las víctimas (un total aproximado de 2 millones 300 mil pesos para cada una) y que deberá hacerse antes del 31 de marzo de 2017, sobreseyendo y cerrando la causa.