Entendemos que la construcción de nuevas políticas públicas que enfrenten las consecuencias del tráfico de drogas ilícitas y la violencia asociada a estos circuitos delictuales, al consumo problemático de sustancias y la protección de poblaciones afectadas con sus particulares necesidades, requiere de un esfuerzo conjunto de tomadores de decisión, sociedad civil, académicos/as, y movimientos sociales y ciudadanos, que se funden en evidencia científica en la construcción de respuestas estatales eficientes, respetuosas de los derechos humanos y que colaboren en el avance de los objetivos de desarrollo sustentable.
Sin embargo, nos preocupa la ausencia de instancias de participación de la sociedad civil en la determinación de la postura de Chile ante este debate, especialmente en el contexto en que esta sesión especial tendrá lugar, luego de la constatación de que la llamada “Guerra contra las Drogas” no ha logrado avanzar en los objetivos propuestos y ha impactado negativamente en la vigencia de los derechos humanos, lo que evidencia el fracaso de la política vigente y la necesidad de avanzar hacia nuevos paradigmas.
En este escenario, la UNGASS se levantaba como la oportunidad para realizar un diálogo y debate inclusivo que permitiera no sólo constatar el fracaso de las políticas implementadas hasta la fecha, sino que, representaba la oportunidad de ampliar los objetivos centrales del sistema universal de fiscalización de drogas, para efectos de adecuarlos a objetivos multilaterales más amplios.
Sin embargo, vemos con preocupación que el proceso no logró satisfacer las expectativas que prometía. Diversas organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial han manifestado el descontento por la naturaleza problemática, no inclusiva y no transparente del proceso preparatorio, lo que podría representar una grave falla estructural del sistema de las Naciones Unidas. Al no abordar una crítica significativa, ni plantear ideas o formulaciones nuevas, el documento final de la UNGASS corre el riesgo de convertirse en una costosa reafirmación de acuerdos y convenciones previos. Ello representaría un grave fracaso para la Asamblea General, y una frustración para los Estados miembros, las agencias del sistema universal de las Naciones Unidas, la sociedad civil y el público general que han exigido mucho más de este proceso.
Respecto a la posición del Estado de Chile en el debate, preocupa la falta de reconocimiento del fracaso de los objetivos que persigue la declaración política del 2009 en lo referido a “la eliminación o disminución significativa y medible” del cultivo ilícito de la amapola opiácea, el arbusto de coca y la planta de cannabis, además de la demanda de drogas, los daños relacionados con las drogas, el tráfico ilícito, la desviación de insumos y el lavado de dinero, objetivos que a todas luces no se han cumplido ni están cerca de cumplirse en Chile ni en el mundo. En este contexto cabe señalar que el cultivo lícito de cannabis, a saber, aquel cuyo propósito es el uso personal o un tratamiento médico, está contemplado en la actual legislación chilena. Sin embargo, los derechos de los usuarios de cannabis siguen siendo permanentemente vulnerados, siendo víctimas de graves atropellos, a pesar de múltiples fallos tanto de la justicia ordinaria como de la Corte Suprema de Chile, que reafirman con claridad los derechos de estos usuarios.
Por su parte, preocupa la obstinación en defender el marco internacional de las 3 convenciones vigentes sin hacerse cargo si quiera de discutir en un debate abierto e inclusivo los legítimos cuestionamientos sobre el marco de los tratados, que han sido planteados por diversas agencias de las Naciones Unidas como la JIFE y la OMS, así como por diversos Estados miembros y numerosas organizaciones de la sociedad civil y estudios académicos.
Es por estos motivos que como coalición de organizaciones de sociedad civil planteamos la necesidad que en el marco de la UNGASS el Estado de Chile avance en el objetivo que inicialmente se planteó y revise con seriedad su postura, participando en el debate en forma activa. Que considere los aportes y preocupaciones de la sociedad civil expresadas aquí, y que haga eco de la evidencia de éxito en experiencias comparadas de programas de reducción de daños y el avance en modelos de mercados regulados para el cannabis. Esperamos que Chile inste a que el documento final de la UNGASS contenga la necesidad de que los Estados se comprometan en el respeto a los derechos humanos, reconocimiento de los derechos de poblaciones indígenas y la necesidad de avanzar en desarrollo sostenible e igualdad de género.
Como coalición entendemos que el documento final debiera contener como mínimo que los Estados se comprometan a:
- Establecimiento de un grupo técnico de trabajo para analizar los objetivos centrales del sistema internacional de fiscalización de las drogas, con vistas a proponer un enfoque nuevo e integral a ser adoptado por la CND en 2019 y revisar la pertinencia de revisar las convenciones vigentes.
- Respetar, promover y garantizar los derechos humanos y la igualdad de género e implementar políticas de fiscalización de las drogas que sean coherentes con los mandatos fundamentales de las Naciones Unidas, como son la paz, la seguridad humana, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
- Reorientar el enfoque punitivo en miras a la persecución del crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción. Garantizar la proporcionalidad de las penas, considerando, por ejemplo, el grado de participación en el mercado ilícito de drogas, si la comisión del delito implicó violencia, y cualquier otro factor atenuante, y que únicamente se recurra al encarcelamiento en última instancia, aplicando medidas alternativas a la sanción penal por delitos menores no violentos relacionados con drogas.
- Eliminar la pena de muerte para delitos relacionados con drogas.
- Eliminar las sanciones penales para el consumo de drogas.
- Mejorar el acceso a medicamentos controlados, especialmente aquellos para el alivio del dolor y cuidados paliativos, y promover la reducción de daños y los tratamientos de la dependencia a las drogas basados en evidencias y que garanticen la voluntariedad en el acceso y a lo largo del tratamiento.
- Reconocer que las mujeres encarceladas por delitos no violentos relacionados con drogas constituyen la población penitenciaria de más rápido crecimiento a nivel mundial, lo cual tiene un efecto devastador en la sociedad y en sus familias, por lo cual los Estados deben garantizar la provisión de servicios con perspectiva género para tratamiento y rehabilitación, reducción de daños, acceso a la salud, asesoramiento jurídico y servicios sociales adecuados.
- Mejorar el acceso a tratamientos de consumo problemático, especialmente en jóvenes que no tienen compromiso criminógeno.
- Esperamos que la postura del Estado considere estas preocupación y que con posterioridad a la celebración de la UNGASS se implementen espacios de participación y dialogo directo entre quienes están llamados a elaborar y evaluar las políticas públicas en esta materia con amplia participación de la sociedad civil, de manera que los acuerdos adoptados en esta instancia constituyen una verdadera plataforma de trabajo para mirar hacia el futuro y construir juntos unas políticas más eficientes y respetuosas de los derechos de las personas.
Suscriben la declaración las siguientes organizaciones:
- Corporación Humanas
- Corporación Opción
- Coordinadora Autónoma contra la Violencia
- CIMUNIDIS
- Cultiva Valpo
- Fundación Daya
- Fundación Down 21
- Fundación Latinoamérica Reforma
- Fundación Instituto de la Mujer
- Fundación Iguales
- Mama Cultiva
- Movimiento Acción Migrante (MAM)
- Observatorio de Derechos Humanos y Legislación
- Observatorio Contra el Acoso Callejero
- Observatorio Género y Equidad
- Red Chilena de Reducción de Daños