Doble discurso: Universidad Católica va a tribunales para lograr despido de trabajadora embarazada

El 1er juzgado de Letras del Trabajo de Santiago dictó sentencia la semana pasada de que la Pontificia Universidad Católica está en su derecho de despedir a Claudia del Carmen Opazo, asistente administrativo que trabaja en la red de Salud UC – Christus Health y que se encuentra embarazada, con fecha de parto para fines de abril.

La Universidad había presentado una demanda de desafuero maternal contra Claudia Opazo, quien ingresó a trabajar a la unidad GES del Hospital Clínico de la Universidad en noviembre de 2015 con un contrato a plazo fijo hasta el 31 de enero de 2016. Sin embargo, el 21 de diciembre, Opazo presentó un certificado de médico que acreditaba que estaba embarazada, con posible fecha de gestación a principios de agosto.

La demandada se defiende diciendo que padece de síndrome de ovarios poliquísticos, que junto a cambios hormonales le impide la liberación de óvulos completamente desarrollados. Por lo que asegura que es normal que no tenga su ciclo menstrual normalmente. Asegura que sospechó estar embarazada en diciembre y se fue a realizar exámenes, que resultaron positivos. El mismo día dio aviso a la empresa.

Si bien se le dijo inicialmente que se les estaba buscando reemplazo de pre y post natal, así como se preparaba su contrato indefinido, el 29 de enero la empresa le entregó una carta en la que se notificaba que no se renovaría su contrato, pero que se mantendrá vigente hasta que un tribunal competente faculte a la red Salud UC -y por tanto, la Universidad Católica- a dar término al contrato argumentando que el fuero maternal no se aplica a Opazo. La legislación chilena permite esto en caso de vencimiento de los plazos establecidos en el acuerdo.

Sin embargo, en el entorno de Claudia -quien se encuentra con licencia por estos días- llamó la atención la sentencia del 1er juzgado de Letras del Trabajo. Esto porque fallos pasados de la Corte Suprema han establecido que es «improcedente ponerle término al contrato de una trabajadora embarazada, sin otra razón aparente que el vencimiento del plazo estipulado en el contrato». Otro fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia del 2013 rechazó una petición similar argumentando que «no existiendo una argumentación que permita vislumbrar la necesidad del despido más allá del transcurso del plazo, lo cierto es que la protección de la maternidad que el Estado y el juez deben asegurar impide conceder la autorización solicitada por infundada».

La demanda presentada por la PUC se remite a que la legislación chilena permite que, si la intención de la empresa es no renovar el contrato de trabajo, esta puede ser autorizada para poner término al acuerdo pese al fuero maternal. «No es necesario que el empleador justifique los motivos por los cuales no quiere preservar el contrato. La facultad del juez de conceder o no la autorización está limitada a los hechos objetivos que puedan probarse en un juicio de esta naturaleza», dice la demanda.

¿Proteger al niño que está por nacer?

La discusión por la despenalización del aborto en tres causales -aprobada en la Cámara de Diputados el mes pasado- estuvo marcada por la dura oposición sostenida por la Iglesia Católica frente a la iniciativa, especialmente del rector de la UC, Ignacio Sánchez. El médico ha reiterado en varias ocasiones su rechazo al aborto en tres causales, llegando a decir incluso que, pese a ser legal, no se realizarán abortos terapéuticos en los centro de salud de la Universidad y que ni siquiera se contratarán personas dispuestas a hacerlo. Esto se suma a la negativa de la PUC a entregar recetas de anticonceptivos en la red Salud.

La agenda valórica de Sánchez lo ha posicionado como una de las principales voces de una postura que se sustenta en los derechos del niño por nacer. Por lo mismo, desde dentro de la universidad cuestionan el doble discurso de querer dejar sin sustento económico a una trabajadora embarazada, que tiene fecha de parto para fines de abril.

«¿Cuál es la consecuencia  de buscar el despido de una trabajadora y quitarle el sustento mientras está embarazada? ¿Entonces, qué? ¿Traigamos gente al mundo y que después que se las arreglen con sus propias uñas?», dice Luis Orellana, presidente del sindicato de Salud UC.

Por su parte, la vicepresidenta de la Feuc, Carla Ljubetic, asegura que el caso debe analizarse más allá del ámbito judicial, pues estrictamente la legislación permite al empleador solicitar el término del fuero maternal. «Nos preguntamos dónde quedan los principios y la misión pro vida de la Universidad al tomar esta determinación en pleno conocimiento de su embarazo. Si la UC se declara contraria al aborto y lo justifica con el acompañamiento a la madre, este discurso debe reflejarse y palparse en los hechos. Hoy estamos viendo que en sus propias instalaciones y lógicas laborales esto no es así».

La red de Salud UC-Christus Health es la red de salud privada más grande del país, atendiendo a cerca de 25 mil pacientes al año. Cuenta con 5 mil trabajadores y más de un conflicto laboral en el pasado. En  2014 el sindicato de salud estuvo un mes paralizado porque a su juicio la universidad los considera trabajadores de segunda categoría.

Desde 2013, la red es administrada en conjunto por la Pontificia Universidad Católica de Chile con Christus Health, una corporación privada de salud estadounidense, perteneciente a la Orden de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado. Por vender el 40% de la red, la PUC se quedó con 140 millones de dólares.

Hasta ahora, la única respuesta de la PUC ha sido que tienen la convicción de haber actuado en forma correcta y que, estando conscientes de los valores de la Universidad, respetaron el contrato de Claudia Opazo hasta su último día.