Ley Reservada del Cobre: La cuestionada legislación de Pinochet que ya no da más de secretismo

La historia es así: en plena dictadura militar, Augusto Pinochet firma la Ley Reservada del Cobre, que establece, textualmente, que el 10% del ingreso que reciba Codelco por la venta de cobre debe ser destinado a las Fuerzas Armadas, con un piso mínimo 90 millones de dólares. Es decir, si las ventas del metal rojo no alcanzaban esa cifra, el fisco tenía que hacerse cargo de la diferencia. Publicada en octubre de 1976, por 40 años esta legislación se ha mantenido en absoluto secretismo. Ni siquiera los parlamentarios pueden acceder libremente a su contenido.

Pero el tema no da para más. El llamado «milicogate» ha demostrado las millonarias defraudaciones de los fondos reservados del cobre, miles de millones de pesos que han llegado directamente a los bolsillos de uniformados y proveedores del ejército. No existen cifras concretas del monto defraudado, pero las investigaciones del periodista Maurico Weibel han dado cuenta que el cabo Juan Carlos Cruz gastó 2.400 millones de pesos en el casino Monticello. Él mismo le reconoció a la PDI que en solo una noche gastó 60 millones de pesos. Cruz, hoy detenido, trabajaba en el Comando de Apoyo a la Fuerza, entidad encargada de administrar los pagos de la Ley Reservada del Cobre.

Chile tiene un presupuesto militar superior a los 8 mil millones de dólares, el 2% del PIB nacional. Ese dinero es el triple de lo que está gastando el gobierno en la reforma educacional.

Hoy el general en retiro Juan Miguel Fuente-Alba, ex comandante en jefe del Ejército, es cuestionado por poseer un patrimonio superior a los 3 mil millones de pesos, probablemente obtenidos a través de la malversación de fondos de la Ley Reservada del Cobre. Durante su gestión, el Ejército gastó 4 millones de dólares solo en bebidas alcohólicas.

«En la Ley Reservada del Cobre no hay ningún artículo ni ninguna norma que ponga en riesgo la seguridad de la nación. Por lo tanto, creo que es una legislación que tiene que pasar de la caja fuerte en la que se encuentra actualmente a ser conocida por la ciudadanía. No es posible que en pleno siglo XXI, una ley de esta categoría sea reservada”, aseguró ayer el diputado DC Jaime Pilowsky, presidente de la comisión investigadora de la Cámara por el Milicogate.

Son estas situaciones las que han hecho insostenible el secretismo de la Ley Reservada del Cobre.

El contenido de la ley secreta

Salvador Soto Fortes solicitó vía Ley de Transparencia el contenido de la ley. Tras la negación de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, apeló ante el Consejo para la Transparencia, que finalmente resolvió el pasado 29 de marzo que el gobierno tiene la obligación de entregar el contenido del texto.

Esta mañana, El Mostrador publicó el contenido del texto que se ha mantenido bajo siete llaves por 40 años.

Específicamente, en su artículo primero la ley señala que “el 10% del ingreso en moneda extranjera determinado por la venta al exterior de la producción de cobre, excluidos sus subproductos, de la Corporación Nacional del Cobre de Chile y el 10% del valor de los aportes en cobre al exterior que efectúe dicha corporación, deberán ser depositados por el Banco Central de Chile en moneda dólar de los Estados Unidos de América, en la Tesorería General de la República, con el objeto de que el Consejo Superior de Defensa Nacional cumpla con las finalidades de la ley 7.144”.

“Anualmente, deberá practicarse una liquidación final del rendimiento de esta Ley y, si la cantidad total del rendimiento del 10% fuera inferior a 90 millones de dólares (US$ 90.000.000), la diferencia deberá ser completada por el Fisco. Al efecto, deberá consignarse un ítem excedible en la Ley de Presupuesto de la Nación cada año”, dice también el texto. “El Fisco, con cargo al ítem establecido en el inciso precedente, podrá otorgar anticipos, que la Tesorería General de la República descontará de los recursos posteriores que perciba de acuerdo con lo establecido en el presente artículo, y los ingresará a arcas fiscales”.

El inciso 2º señala que los fondos serán entregados de «forma reservada, se mantendrán en cuentas secretas, se contabilizarán en forma reservada y su inversión, ya sea en compras de contado o en operaciones a crédito, pago de cuotas a contado o servicio de los créditos, se dispondrá mediante decretos supremos reservados exentos de toma de razón y refrendación”.

El artículo 6º, por su parte, dice que “la fiscalización y control que corresponde a la Contraloría General de la República sobre los fondos a que se refiere el artículo 1º, se hará en forma reservada, de acuerdo con los procedimientos y modalidades que determine el Contralor General, los que afectarán a todos los servicios, organismos, instituciones o sociedades del Estado en que este tenga participación y que intervengan en la materia”.

El artículo 7º es otro de los que amarra el secretrismo. Establece que “los recursos establecidos en el artículo 1º no se incluirán en la contabilidad general de la nación”.