El 3 de agosto pasado el Juzgado de Garantía de Talagante admitió a trámite una querella por desacato estampada por la Coordinadora de Asambleas Ciudadanas de Talagante, informó hoy La Tercera. Esto, ya que a juicio de los vecinos el vertedero Santa Marta, de propiedad de Hidrosan e Icafal (Guillermo Ruiz Pérez y Luis Ignacio Falcone), se están incumpliendo las medidas que le impuso el poder judicial a la empresa para continuar: funcionar a sólo un 10% de su capacidad.
Ese funcionamiento reducido les permite sólo utilizar la llamada celda uno, una franja de terreno donde se va depositando la basura por capas, hasta que esta se llene y sin exceder el volumen calculado previamente. Mensualmente, la empresa ha debido renovar el permiso para funcionar a través de la Superintendencia de Medio Ambiente. Según señaló la institución gubernamental, ese espacio se llenaría durante este mes de agosto.
Los vecinos denuncian que la empresa estaría disponiendo basura en puntos no autorizados por la justicia. “La Corte de Apelaciones de San Miguel determinó que solo se puede usar la celda uno. Nosotros tenemos fotografías y videos que muestran que están fuera de la celda uno depositando basura, y por eso ingresamos esta nueva querella que ya fue admitida a proceso”, señaló Andrés Zollner, vocero de la Coordinadora de Asambleas Ciudadanas de Talagante.“También tenemos serias dudas de que se esté respetando la cantidad de basura, y nos llama la atención que la avalancha de desechos (donde se inició el incendio) sigue en terrenos sin impermeabilizar, afectando las napas”, añadió Zollner.