De acuerdo a cifras entregadas por Amnistía Internacional, 100 personas son formalizadas al año en Chile por el delito de aborto provocado, mientras que la Fiscalía estima que la mayoría de las denuncias vienen de hospitales públicos.
El proyecto de aborto en tres causales que se discute en el Senado respondería solo al 3% de los casos de aborto si se aprobara. Es por eso que las fuerzas feministas hicieron un llamado a los gremios de salud a no denunciar mientras no exista una ley que permita el aborto libre y seguro, y de esta forma, colaborar con el bienestar de los pacientes y respetar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
«El aborto legal, libre y gratuito es esencial en la lucha por recuperar la soberanía sobre nuestros cuerpos, y constituye un paso necesario en la construcción colectiva de un proyecto emancipador que nos contenga y transforme a todos y a todas», destacó la coordinadora del Frente Feminista del Movimiento Autonomista, Cecilia Moreno.
En tanto, la coordinadora del Frente de Género de Revolución Democrática, Anita Martínez, afirmó que “una comunidad política que resguarde los derechos de las mujeres no es aquella que las criminaliza por medio de la penalización del aborto, sino, por el contrario, aquella que establece un marco regulatorio que permite su libre ejercicio en condiciones de seguridad, reconociendo como propio el derecho a decidir de sus ciudadanas«.
Por su parte, Sara Rojas del Frente Feminista de Izquierda Libertaria aseguró que «por años los sectores conservadores han querido esconder el aborto en un debate sobre el estatus moral del feto, obviando que es una discusión política que engloba visiones opuestas sobre la condición de las mujeres en la sociedad, los tipos de familia y las formas de vivir la sexualidad. Creemos que el aborto debe ser legal y una prestación de salud pública para que deje de ser un procedimiento médico al que sólo acceden las mujeres de las clases altas«.