Eso arrojó el último el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que se dio a conocer el día lunes.
Desde el año 2012 que en él se incluye la categoría de seguridad social. En ella cabe el apartado «Derechos Económicos, Sociales y Culturales», donde se analizan las pensiones de los jubilados, centrando su atención en la industria de las AFP y el sistema de capitalización individual.
El diagnostico se basa en el informe del INDH correspondiente a 2012 y las conclusiones arrojadas por la Comisión Bravo, convocada por la presidenta Michelle Bachelet para proponer mejoras al sistema. Tiene además las apreciaciones hechas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el sistema vigente en Chile, según consignó El Mostrador,
Ahí se recogen las críticas realizadas por la OIT, que el 2011 alertó sobre la inobservancia de las normas de seguridad social del Estado, agregando que “los planes de pensiones basados en la capitalización del ahorro individual administrado por fondos de pensiones privados se estructuraban sin tener en cuenta no solo los principios de solidaridad, participación en los riesgos y financiación colectiva, que constituyen la esencia de la seguridad social, sino también los principios que propugnan una gestión transparente, responsable y democrática del sistema de pensiones con la participación de los representantes de los asegurados”.
A partir de una comparación con las cifras actuales, el estudio realiza proyecciones, afirman que «el 50% de la población financia actualmente una pensión igual o menor a $37.667; y que el 50% de los jubilados recibe prácticamente un tercio de sus ingresos laborales como pensión. Al realizar una proyección para el periodo 2025-2035, un 58% de las pensiones autofinanciadas se encontrará por debajo de la línea de la pobreza, y solo un 6% estará por sobre el salario mínimo. Al desglosar por sexo, solo un 1% de las pensiones que obtendrán las mujeres estará sobre el salario mínimo«, afirma el informe.
Se destaca además la enorme brecha existente entre las pensiones que reciben quienes cotizan en el sistema privado y las percibidas por los jubilados de las Fuerzas Armadas, indicando que «Estas duplican y a veces triplican las pensiones recibidas por el promedio de la población civil. En 2011 se estimó que la pensión promedio entregada por CAPREDENA ascendía a $600.862, mientras que en DIPRECA correspondía a $584.217».
Para finalizar, se realizan recomendaciones que apuntan a que las FFAA, Carabineros, PDI, Gendarmería y asimilados, tengan en general, igual trato de incorporación y cotizaciones que el resto de los trabajadores, asumiendo las características específicas de su labor. «[Con esto] se espera cumplir con el principio de trato uniforme de la OIT, y disminuir el gasto fiscal asociado actualmente al financiamiento de este régimen”, aseveran.