Luego de que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual denunciara al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la imposibilidad que tienen las parejas de un mismo sexo de contraer matrimonio, entre otras irregularidades respecto a la población LGBTI en Chile, el organismo internacional actuó como mediador de una solución amistosa.
El acuerdo, firmado entre el Estado y el Movilh, fijó algunas metas concretas que deben ser cumplidas por la presidenta Bachelet antes de finalizar su mandato. Entre ellas, instaurar en el país el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género y diversas políticas públicas dedicadas a combatir la homo y transfobia. Para lograr sus objetivos, es necesario que trabajen en sintonía los tres poderes del Estado, estipuló la CIDH.
En la instancia estuvieron presentes numerosos ministros y autoridades de Gobierno y partidos políticos, además de las organizaciones de la disidencia y diversidad sexual. La Presidenta prometió el inicio de una discusión «pública, participativa y abierta» para lograr un proyecto satisfactorio de matrimonio igualitario. Además, señaló que dicho proceso finalizará en junio, con el envío del proyecto al Parlamento.
Bachelet recordó que «esto no solo es una demanda de justicia internacional, sino que una legítima demanda de la sociedad chilena”, enfatizando que «el 60% de nuestros compatriotas lo apoya». De la misma manera, la Mandataria comprometió el envío al Congreso de un proyecto que perfecciona la Ley Zamudio, con el objetivo de promover la igualdad, sancionar la discriminación y la incitación al odio por razones sociales, de nacionalidad, orientación sexual o pertenencia étnica.
Revisa aquí el documento completo que detalla el acuerdo logrado entre el Movilh y el Estado.