Durante el pasado 5 de diciembre, los abogados del general (r) Juan Miguel Fuente-Alba solicitaron al 7 Juzgado de Garantía de Santiago un incidente declinatorio de competencia. Así, presionan al tribunal a decidir quién llevará la investigación: si el ministro Astudillo, uno de los jueces civiles que integra la Corte Marcial o el fiscal José Morales.
Según lo informado por La Tercera, el escrito presentado por los abogados del ex comandante en jefe del Ejército argumenta que «los hechos investigados por el Ministerio Público son de competencia de la Justicia Militar”, dado que los tribunales castrenses investigan «las causas por delitos comunes cometidos por militares durante el estado de guerra, estando en campaña, en acto de servicio militar o con ocasión de él, en los cuarteles, campamentos, vivaques, fortalezas, obras militares, almacenes, oficinas, dependencias, fundiciones, maestranzas, fábricas, parques, academias, escuelas, embarcaciones, artesanales, demás recintos militares o policiales».
El requerimiento agrega que, además de esta investigación en la que el Ministerio Público se ha extendido por dos años, existe «otra en la Justicia Militar por exactamente los mismos hechos, en los cuales también ha decidido declarar y colaborar, siendo una carga desproporcionada y que afecta la prohibición de doble juzgamiento”.
En efecto, existen dos causas paralelas en relación a Fuente-Alba. El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Omar Astudillo, lo investiga por eventuales irregularidades en sus labores administrativas en el fraude vivido por el Ejército entre los años 2010 y 2014. Además, el fiscal Centro Norte José Morales indaga un presunto aumento injustificado de su patrimonio y lavado de activos.
Aunque son investigaciones independientes, coinciden en un punto crítico: el patrimonio del ex comandante en Jefe del Ejército, que bordearía los 1.800 millones de pesos. Sin embargo, la defensa del general (r) busca que sólo exista una indagatoria y se realice mediante la Justicia Militar.
Por su parte, el tribunal citó a una audiencia de incompetencia inhibitoria para el próximo viernes 10 de febrero, donde se decidirá qué vía de la justicia resolverá el caso.