El caso de la comunera mapuche Lorenza Cayuhán, interna que en octubre dio luz a su hija engrillada en una clínica de Concepción, abrió el debate sobre las condiciones que enfrentan las mujeres embarazadas en las cárceles del país.
La presidenta del Colegio de Matronas de Chile, Anita Román, pidió este lunes flexibilizar la privación de libertad en estos casos y crear un “centro de acogida que tenga espacios que las ayuden en su rehabilitación”.
Román sostiene que se debería priorizar el estado de la mujer y su hijo, por encima del cumplimiento de la pena: “Aquellas condenadas por delitos de tráfico, por ejemplo, sería ideal que cumplan su condena en un arresto domiciliario, podemos tenerlas en alguna situación mucho mejor de las que hoy están”, dijo. Y agregó que “no se debe descuidar a estas mujeres”.
La dirigente gremial precisó que «el Estado, que es pionero en derechos maternos, no debiera permitir que la mujer embarazada o lactante haga su condena en la misma situación que un hombre”.
Según Gendarmería, en 2016 29 establecimientos penitenciarios disponían de secciones materno-infantiles y hasta septiembre de 2016, 118 mujeres permanecían junto a sus hijos menores de dos años, y 62 estaban embarazadas.
De ellos, el C.D.P. de la ciudad de Calama presentaba un estado de infraestructura “deficiente”, según el informe.