Luego de que distintos actores políticos y sociales se manifestaran contra el Decreto Supremo 105, durante la tarde de ayer la Ministra de Vivienda Paulina Saball decidió retractarse de la medida.
Frente a esto, la opción de optar a subsidios habitacionales por parte de las familias que viven en campamentos vuelve a ser una oportunidad para ellas. Actualmente existen 38.770 familias que viven en terrenos ocupados de manera irregular y sin acceso a servicios básicos como agua potable, luz y alcantarillado.
El decreto, forjado en dictadura, inhabilita a los ocupantes de nuevas tomas el postular a subsidios de vivienda y se había decidido volver a aplicar durante el mes pasado.
Sin embargo, la ministra Saball afirmó que «lo hemos pensado y no es la mejor medida». El hecho incluso inspiró la campaña de parte de Techo para recolectar firmas y conseguir su derogación, en vista de la precariedad a la que se someterían las familias.
«Invocar este decreto podía entenderse en un sentido contrario de lo que queríamos cautelar, que es que las personas puedan acceder a viviendas adecuadas con los instrumentos vigentes», explicó la ministra. Sin embargo, hace una semana, había afirmado que «la toma no es el camino ni lo va a ser para adquirir una vivienda. Hoy genera condiciones dificultosas de habitabilidad a quienes están en la toma».
Por su parte, el capellán de Techo, Juan Cristóbal Beytía, celebró la decisión «por las familias que viven en los campamentos» y estimó que se trata de una decisión coherente con el espíritu en que ha venido trabajando el ministerio.
En tanto, la diputada Karol Cariola recordó que «sabemos que la gran mayoría de los pobladores que participan de una ocupación de terreno o que se ve en la obligación de vivir en un campamento, no lo hace por gusto”.