El gobierno eligió el último de los cinco días de plazo para contestar el requerimiento de inconstitucionalidad que fue presentado por Chile Vamos en contra de la ley que despenaliza el aborto en tres causales. El Ejecutivo ingresó su informe con observaciones al Tribunal Constitucional (TC).
Según consignó La Tercera, en un documento de 107 páginas, se plante que la nueva legislación no transgrede la Carta Fundamental. Su contenido se resume en 20 conclusiones. En ellas, se argumenta que el requirente «hace una incorrecta interpretación del verdadero sentido del proyecto de ley» al sugerir que se ha liberalizado la interrupción del embarazo o que este proyecto constituye un primer paso en esa dirección. Esto, porque «la regla general sigue siendo la más absoluta prohibición de todo perjuicio al que está por nacer».
Otra de las ideas defendidas es que la Constitución le asiste al feto «un deber de protección, no un derecho a la vida como el que asiste a las personas», razón por la que no es «absoluto o incondicionado».
La iniciativa se ampara en la ponderación de la vida del que está por nacer con los derechos de la mujer: «Al legislador sí le está autorizado realizar un juicio de ponderación entre esta protección y otras finalidades constitucionalmente legítimas», como lo sería «la protección y resguardo a los derechos de la mujer». Además, esto va en línea con los tratados de DD.HH vigentes en Chile.
El documento sostiene que es desproporcionado que «se prefiera en todo caso y bajo toda circunstancia la protección del feto antes que el reconocimiento del estatuto de persona autónoma y de dignidad de la mujer» y recalca que hay garantías para acreditar cada una de las tres causales.