El ministro en visita Mario Carroza condenó a Donato López y José Turres Merino, dos oficiales (r) del Ejército, en su calidad de autor y cómplice respectivamente de los homicidios y secuestros calificados de nueve pobladores de Nueva Matucana en Renca, en 1973. El segundo es el padre de la diputada Marisol Turres (UDI), quien actualmente representa al distrito 57 (Puerto Montt).
De acuerdo a la investigación de Carroza, luego del Golpe de Estado era recurrente que las Fuerzas Armadas allanaran las poblaciones del sector norte de Santiago, sin orden judicial ni administrativa, y que aislaran a los hombres. Los uniformados examinaban sus antecedentes personales y así decidían a quiénes trasladar a centros de detención o ejecutar, sin derecho a optar a juicio previo.
El 23 de septiembre del mismo año, funcionarios de Carabineros llegaron a la población Nueva Matucana durante la madrugada dirigidos por los capitanes de Ejército Mario Caraves Silva y Jorge Turres Mery, bajo el mando superior del mayor Donato López Almarza. Nueve pobladores fueron detenidos y trasladados al Internado Nacional Barros Arana (INBA), y luego a la ribera del Río Mapocho, donde fueron ejecutados bajo la orden de Caraves y Turres.
La historia se conoció gracias Osvaldo Cancino Muñoz, quien se encontraba entre los detenidos, pero que luego de ser herido por los disparos, pudo volver a la población Nueva Matucana.
De este modo, Donato López Almarza fue condenado a 15 años y un día de prisión como autor de los homicidios calificados consumados de Álvaro Acuña Torres, Miguel Moreno Caviedes, Guillermo Arriagada Saldías, Sergio Aguilar Núñez, Carlos León Morales, José Machuca Espinoza y Domingo Gutiérrez Aravena; el homicidio calificado frustrado de Osvaldo Cancino Muñoz, y el secuestro calificado de José Alfredo Vidal Molina.
Por otra parte, José Turres Mery deberá cumplir una sentencia de 5 años y un día de presidio por su participación como cómplice de los mismos delitos. Además, el Fisco, a su vez, fue condenado a pagar una indemnización total de 440 millones de pesos a los familiares de las víctimas.