La objeción de conciencia sigue configurándose como un límite al proyecto que despenaliza el aborto en tres causales. Mientras el Tribunal Constitucional entregará su informe final al respecto el próximo lunes, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, insistió en que las clínicas e instituciones vinculadas al plantel optarán por traslados si es necesario para evitar entregar la prestación, a menos que se trate de una urgencia.
La ministra de Salud Carmen Castillo advirtió que podrían llegar a resolver esta pugna en tribunales. Pese a que recalcó que aún falta el informe final del TC al respecto, la institución estará obligada a prestar la prestación en casos en que la vida de la madre esté comprometida.
De lo contrario, podrían existir investigaciones e incluso iniciarse acciones judiciales en contra de los médicos que se nieguen a intervenir a la paciente. El rector de la UC argumenta que los más de 30 profesionales de la Red de Salud UC Christus están en contra de participar de esta intervención.
Por su parte, el Colegio de Matronas y el Colegio Médico criticaron la objeción de conciencia institucional, que impedirá a un grupo de pacientes acceder a una intervención que es garantizada por el Estado una vez que se convierta en ley.
Hace solo unos días, en la casa central de la PUC, se colgó un lienzo en reacción al fallo del TC, con la consigna: «Hoy más que nunca, UC por la vida».