Tras la muerte de Lissette Villa (11) en uno de los centros del Sename, la crisis de la institución comenzó a volverse aún más evidente. Aunque se tomaron algunas medidas para enfrentar el panorama, como aumentar la fiscalización y revisar los procesos sancionatorios pendientes, el escenario no ha sufrido grandes cambios.
Según cifras consignadas por La Tercera, a la fecha existen 106 sumarios que permanecen abiertos. De estos, un 42% corresponde a 2014 y 2015, alcanzando el 46% de los casos entre 2012 y 2015. Desde el Sename explicaron que, tras una denuncia, la institución ordena una investigación interna donde el director o jefe técnico del centro debe aclarar la situación e informar al tribunal. Si el hecho constituye delito, debe ser comunicado a la familia y al Ministerio Público.
Entre enero y el 31 de julio de este año se iniciaron 56 sumarios que buscan mejorar los procedimientos para detectar posibles vulneraciones. Una vez concluidas las investigaciones, en el caso de que exista una responsabilidad directa del funcionario, el Servicio debe desvincular a la persona sumariada, algo que ha ocurrido en 21 casos de trabajadores vinculados a maltrato, desde 2012. Al menos 12 de ellos corresponden a 2017.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, sentenció que «los números son preocupantes. Me llama la atención que se haya desvinculado a 21 personas, porque da cuenta de que sus supuestas vinculaciones a maltratos tienen un asidero».
Por su parte, Alicia del Basto, presidenta de los funcionarios de Sename, explicó que «hay que tener cuidado con las calificaciones a nuestro trabajo; no es que el funcionario se levantó pensando en torturar a un niño. Por eso, no estamos de acuerdo con que algunas intervenciones se llamen tortura, mientras no se defina hasta dónde se puede llegar en la contención».