Una amplia red de apoyo entre ellos. Eso es lo que sostiene la llamada «familia militar» con un amplio grupo de ex uniformados acusados de torturas, asesinatos y violación a lo largo de los largos 17 años que duró la dictadura militar en Chile.
Según informa El Mostrador, la ONG «Jure», creada en 2007, funciona como una de las principales articuladoras de la ayuda y asistencia hacia los acusados y condenados por violaciones a los derechos humanos. “Una justicia llevada demasiado lejos puede transformarse en injusticia”, es una cita presentada por la propia organización.
La ONG lleva el 67% de las causas judiciales que afectan a uniformados en retiro o a ex miembros de la CNI y la DINA, los órganos represores del Estado. Además, financia la TV Digital que tienen los reos en Punta Peuco.
Es financiado por connotados miembros del mundo militar, como el general (r) José Gaete Paredes y el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien reconoció el vínculo en una declaración de transparencia prestada por su rol en el Consejo Directivo del Servel.
Otro de los fundadores es Mario Correa Bascuñán, actual secretario general de la Pontifica Universidad Católica de Chile. Un reportaje de La Tercera de hace unos años los nombra a todos: El brigadier (R) Hernán Chacón Soto (jefe de seguridad del Estadio Nacional luego del Golpe de 1973), Héctor Riesle Contreras (ex embajador de Chile en el Vaticano), el general (R) Sergio Urrutia Francke (jefe de Estado Mayor de la CNI entre 1981 y 1983), el coronel (R) Marco Sáez Saavedra (miembro de la Brigada Purén de la Dina), el brigadier (R) Enrique Gilmore Callejas y Carlos Garrido Táraba (ex directivo de Quiñenco).