La Corte de Apelaciones de Concepción, liderada por el ministro en visita para causas de DDHH, Carlos Aldana, condenó a 11 ex integrantes del Ejército y Carabineros por los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado, inhumación y exhumación ilegal de 18 campesinos que fueron ejecutados en la comuna del Mulchén, en la Región del Biobío, en octubre de 1973.
Los carabineros en retiro Jacob Ortiz, Juan de Dios Higueras, Osvaldo Díaz y Héctor Guzmán fueron condenado a 10 años y un día de cárcel por 12 homicidios calificados, a lo que se sumarán cinco años años y un día sin beneficios por el delito de secuestro otros seis campesinos. Además, por las inhumaciones ilegales serán 300 días más de condena.
Por otra parte, los militares José Iturriaga, Jaime Müller, Julio Fuentes, Luis Palacios, Juan Carlos Balboa y Jaime García fueron condenados por encubrimiento del homicidio simple de 11 víctimas a tres años y un día de cárcel, además de 541 días por la exhumación ilegal que realizaron en 1978 para hacer desaparecer los cuerpos de los campesinos en el mar.
Por último, Julio Reyes fue condenado a tres años y un día de cárcel por encubrimiento de 11 homicidios simples y 300 días por la exhumación ilegal, mientras que el suboficial en retiro Jose Puga fue absuelto de todos los cargos.
Aldana explicó que los carabineros «fueron sentenciados por delitos de homicidio calificado, secuestro calificado y de inhumación ilegal». En cambio, «los militares participaron en un hecho el año 79, fue por el llamado ‘Retiro de televisores’ en que concurrieron al lugar de los hechos, desenterraron restos óseos de estas personas ejecutadas. Entonces, la pena de ellos es por encubridores, porque ellos no participaron ni como autores ni como cómplices».
La vocera de los familiares de los 18 campesinos asesinados se mostró molesta con esta condena: «No estamos tan conformes, porque considero que los años que les han dado igual son pocos con respecto a la cantidad de víctimas asesinadas». Además, anunció que presentarán un recurso de apelación para reconsiderar las condenas.