En fallos unánimes, la Corte Suprema resolvió acoger 5 recursos de protección que fueron presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde se ordena a Gendarmería y al Servicio Electoral establecer las medidas y mecanismos necesarios para que internos de Arica, Antofagasta, Iquique, Puerto Montt y Punta Arenas puedan ejercer su derecho a voto en las próximas elecciones.
La resolución judicial establece que el Servel tiene las facultades para organizar la instalación de locales de votación en los recintos penitenciarios. Por su parte, Gendarmería debe asegurarse de que se respete la condición de ciudadano de todas las personas privadas de libertad.
Juan Carlos Orellana, presidente Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) señaló que es necesario realizar cambios a la legislación, que permitan el ingreso de funcionarios militares encargados de custodiar el funcionamiento del proceso electoral. Sin embargo, advirtió que esto podría generar problemas al interior de las cárceles.
«Obviamente si se les permite a los internos sufragar sería una pelea entre los partidos políticos, les irán a ofrecer cualquier cosa a la unidad penal«, argumentó.
Por su parte, la Corte Suprema señaló que habrá un plazo de 5 días para que el Servel y Gendarmería presenten sus propuestas para concretar la medida a favor de los internos.