El “caso iglesias” que involucró la quema de un templo evangélico en el sector de Padre Las Casas en junio de 2016 y que mantiene a cuatro comuneros mapuche en prisión preventiva por su presunta participación en el ataque, tiene un arista secreta muy particular.
Hoy fue revelado un conflicto entre el pastor y la dueña del lugar. Hablamos de Yolanda Melihuén Sandoval, una verdulera de las calles de Temuco, que tiene 59 años y es analfabeta. La arrendadora acusa no haber conocido los términos del contrato que firmó en 1987, y que por 200 mil pesos arrendó el terreno por 198 años a Manuel Fuentealba Castillo, según consigna un reportaje realizado por Diario U. de Chile.
Hace 28 años, Melihuén arrendó este terreno de 0,65 hectáreas con un precio total del arrendamiento, es decir, único mientras dure el contrato, de 200 mil pesos que se pagarían el 30 de diciembre de 1987.
Posterior a esto, se estableció que el plazo del arriendo sería de 99 años a partir de aquel día, es decir hasta el año 2086, los que sería prorrogables de manera automática por otros 99 años. Lo que quiere decir que este acuerdo tiene vigencia hasta el año 2185.
Aparte de Melihuén y el arrendatario, no hubo testigos ni nadie de confianza de la arrendadora que leyera el documento que firmó, y del cual ni siquiera le entregaron una copia.
Cuatro años después, Melihuén pudo obtener el contrato, y conseguir que alguien lo leyera por ella. En ese momento descubrió que el arrendamiento era por el doble de tiempo.
«Este es un caso ejemplar de un robo de mi tierra, en donde se utilizó la legalidad para aparentar un contrato de arriendo que se contrapone a cualquier Estado de Derecho. Mi caso es un ejemplo de ilegalidad, abuso en donde participan todas las instituciones del Estado para despojarme de mi tierra y desampararme«, señaló Melihuén en una misiva enviada al Consejo de Pastores de La Araucanía, buscando el apoyo de la organización.
Yolanda Melihuén pidió asesoramiento al líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huicamán. Por ahora, la opción es apelar ante el Consejo de Pastores de La Araucanía para que la familia del pastor Fuentealba se abra a un acuerdo para dar por terminado el contrato, pero aún no reciben respuestas.