El Ejército de Chile informó mediante un comunicado firmado por el General Ricardo Martínez – quien fue designado como nuevo comandante en jefe del ejército- que no se pueden establecer sanciones contra los eventuales responsables de la quema de archivos de la Central Nacional de Información (CNI).
En el oficio del 3 de junio de 2016 se detalla que no pudieron establecer sanciones contra los “eventuales responsables, por encontrarse prescrita dicha responsabilidad administrativa”. El documento iba dirigido al Ministerio de Defensa, como forma de responder a un requerimiento de la secretaría de Estado, según consigna ADN.
El documento también señala que “como resultado de los hechos investigados, se concuerda con lo dictaminado en la investigación sumaria administrativa, en el sentido de que se puede confirmar y acreditar con certeza la inexistencia de información de inteligencia o contrainteligencia archivada entre los años 1980 y 1982”.
En relación con esto el texto señala que las autoridades de la Dirección de Inteligencia (DINE) de aquella época quebrantaron incumplieron «la reglamentación vigente sobre el tratamiento de la documentación».
El texto establece que «cualquier sanción disciplinaria (…) e incluso la responsabilidad penal por la eventual ocurrencia de un crimen o simple delito (…) resultaría imposible de aplicar«, debido que los responsables se encuentran en su totalidad en situación de retiro de la institución e incluso otros han muerto.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se refirió al tema señalando que “judicialmente podría investigarse y acumularse dentro del contexto de los derechos humanos, porque podría ser un hecho que altere lo que hemos conocido hasta acá” y agregó que “por supuesto podría dar la posibilidad de que la gente piense que se han ocultado vías de esconder o destruir algunas piezas de interés”.
En el documento también se consigna que no fue encontrada ninguna carpeta que tenga relación con el fallecido presidente Eduardo Frei Montalva.