La Asociación de Magistrados hizo un llamado a diversas instituciones a buscar los mecanismos que garanticen el voto de las personas privadas de libertad que no estén condenadas a más de tres años de pena aflictiva.
Durante este lunes, el gremio recordó al Ministerio de Justicia, al Servicio Electoral (Servel) y a Gendarmería que la Constitución, en el artículo 13°, establece que «son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga los derechos a sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran».
Por ello, acusando que en primera vuelta «el referido derecho constitucional no fue viabilizado por los órganos del Estado, como son el Ministerio de Justicia, el Servicio Electoral y Gendarmería de Chile, estimamos necesario hacer un llamado especialmente a esas autoridades a posibilitar y facilitar su ejercicio por quienes que no están en posición de ejercerlo por sí mismos, atendida su situación de privación de libertad».
Los jueces recordaron que el derecho a voto está garantizado para todo mayor de 18 años que no haya sido condenado a una pena sobre los 3 años y un día. Además, señalaron que aquellos que han sido sentenciados a penas de hasta 3 años y «todos aquellos privados de libertad, cuyos procesos están en tramitación, sin condena aún, mantienen su calidad de ciudadanos y su derecho a sufragio permanece intacto».
Esto contempla también a aquellas personas que se encuentran, por ejemplo, en prisión preventiva. Por último, la Asociación de Magistrados recordó que el derecho ciudadano, además de estar garantizado constitucionalmente, ha sido reconocido por la Corte Suprema en fallos recientes.