La Corte Suprema resolvió acoger la demanda por infracción a la Ley Zamudio en contra de Graciela Ortúzar Novoa (RN), alcaldesa de Lampa. La denuncia por trato discriminatorio fue presentada por la concejala trans Alejandra González Pino.
La Cuarta Sala del máximo tribunal, en fallo dividido -con el voto en contra del ministro Ricardo Blanco-, estableció la discriminación de la alcaldesa al referirse a la demandante por su identidad legal y no por su nombre social, además de recibir las burlas de la autoridad comunal por su identidad de género.
«En las reuniones del concejo municipal se refieren a la parte demandante con su nombre legal, no obstante que ha solicitado que se use el social», sentenció el tribunal.
Además, con la prueba documental presentada por Alejandra González, que consiste en su tarjeta de visita y la impresión de su página de Facebook como prueba de que se presentó como una mujer durante su campaña presidencial, concluyen que «se debe tener por acreditada esa circunstancia».
En conclusión, los jueces sostuvieron que «la demandada doña Graciela Fernanda Ortúzar Novoa, alcaldesa de la comuna de Lampa, incurrió en un acto discriminatorio respecto de doña Alejandra González Pino, en razón de su identidad de género, debiendo cesar en dicha conducta y dirigirse a ella con su nombre social».
Además, la jefa comunal fue condenada al pago de una multa de 4 unidades tributarias mensuales (UTM).