A través de un escrito de 18 páginas, la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó una serie de argumentos a la Corte de Apelaciones de Santiago para evitar que el reglamento que regula la objeción de conciencia personal e institucional en los casos de aborto en tres causales sea implementado.
El recurso de protección presentado el pasado jueves asegura que el documento tiene normas ilegales y arbitrarias que limitan la libertad de asociación, a manifestar sus creencias y el derecho a la propiedad. Del mismo modo, interpusieron una orden de no innovar para que la aplicación sea suspendida hasta que el tribunal decida si acoge o no el recurso.
La entidad sostiene que hay normas dentro del reglamento que les impiden ejercer su derecho a oponerse a realizar abortos y que cualquier cambio que limite dicha garantía constitucional debe hacerse por medio de una ley y no de una resolución exenta.
Desde la PUC argumentan que la resolución número 61 -que regula la objeción de conciencia- considera una serie de normas y requisitos relacionados con el derecho de negarse a realizar la intervención. Una de ellas se aplica a las instituciones privadas que tienen convenio con el Minsal para otorgar prestaciones ginecológicas y obstétricas. En ese caso, la organización no podrá esgrimir objeción de conciencia.
La UC recuerda que tiene un convenio desde 2004 con el Servicio Metropolitano Sur Orienta, cuyo objetivo era cubrir distintas prestaciones entre las que se incluyen atenciones ginecológicas y obstétricas. Sin embargo, aclaran que «existen disposiciones que atentan contra los derechos constitucionales y constituyen un acto arbitrario e ilegal, impidiendo una de ellas a la universidad manifestar objeción de conciencia institucional respecto de la práctica de abortos por el sólo hecho de haber suscrito un convenio».
El recurso fue presentado pocos días después de que se aprobaran los protocolos de acompañamiento y las normas técnicas que regirán a los centros de salud. La postura fue cuestionada por la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien señaló que «si el recurso es acogido, eso sólo nos deja hasta como estábamos previo a la publicación. No puede un tribunal suspender la aplicación de la legislación vigente».