La Octava Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, Tomás Gray y el abogado (i) Sebastián Hamel, condenó a los ex integrantes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Raúl Iturriaga Neumann y Gerardo Urrich González a penas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores del delito de homicidio del estudiante de periodismo José Hernán Carrasco Vásquez.
El ilícito fue concretado en diciembre de 1975, en la Región Metropolitana. Durante la etapa de investigación, el ministro Leopoldo Llanos logró acreditar que el estudiante de 27 años de edad era dirigente del MIR y fue detenido a fines de 1974, siendo trasladado a Villa Grimaldi, «donde fue interrogado y torturado».
En ese contexto, participó durante febrero de 1975 de una declaración pública televisada junto a otros tres dirigentes, llamando a sus correligionarios a terminar con la lucha armada. «Luego continuó algunos meses detenidos en Villa Grimaldi y Cuatro Álamos, separado del resto de los presos, hasta que recuperó su libertad en septiembre de 1975», consignaron.
Sin embargo, en noviembre del mismo año volvió a ser detenido y trasladado hasta Villa Grimaldi, donde volvió a sufrir torturas. En los días siguientes, «fue ejecutado y su cuerpo fue abandonado en el lugar denominado «Chada», en las cercanías de Buin. Se determinó como su data de muerte, de acuerdo a su partida de defunción, el primero de diciembre de 1975. Su cuerpo fue reconocido por sus familiares el 10 de diciembre en el Instituto Médico Legal. Presentaba signos de haber sido torturado antes de dársele muerte».
En tanto, en un segundo fallo, la Tercera Sala del tribunal de alzada, integrada por las ministras Dobra Lusic, María Soledad Melo y la abogada (i) Paola Herrera, condenó a los agentes de la Central Nacional Informaciones (CNI) Manuel Ángel Morales Acevedo, Pedro Javier Guzmán Olivares y René Armando Valdovinos Morales a penas de 5 años y un día de presidio, como autores del delito de homicidio de Marcelino Carol Marchandón Valenzuela.
El ilícito fue perpetrado el 8 de diciembre de 1986 en la Región Metropolitana. Durante la investigación, el ministro Mario Carroza acreditó que Marchandón Valenzuela fue detenido entre el 5 y 6 de diciembre, tras ser denunciando por un informante al interior del Partido Comunista. Finalmente, fue ejecutado en las inmediaciones del cuartel Borgoño de la CNI.