Durísimas fueron las palabras de la recién asumida diputada Carmen Hertz (PC). Luego de que no se llevara a cabo el cierre del penal Punta Peuco, promesa que Michelle Bachelet había hecho a Carmen Gloria Quintana en 2015, la parlamentaria comunista se fue con todo contra el ex ministro de Justicia Jaime Campos (PR), pero también contra el saliente gobierno.
En conversación con El Diario de Cooperativa, Hertz consideró «poco plausible» la versión de prensa que señlala que el ex ministro «boicoteó» el cierre del penal y que éste no se concretó debido a que el secretario de Estado rehusó firmar un decreto que ya tenía la rúbrica de Michelle Bachelet.
«Si hubiera incurrido en un desacato de tal magnitud, de no firmar un decreto dictado por la presidenta de la República, lo obvio es que se le debería haber pedido la renuncia de inmediato y nombrar a otro funcionario; en ese caso podría haber sido el subsecretario, aunque durara 24 horas”, disparó la parlamentaria.
Hertz enfatiza en que lo que en realidad ocurrió es que hubo falta de voluntad política. «Esta no es una decisión que se toma a la hora undécima, no son decisiones que se toman por efectismo político. Son decisiones que son trascendentes y que si se hubiese querido hacer hubo cuatro años para hacerlo. No se quiso, simplemente», agrega.
De todos modos, la diputada señaló que pese a que no se compra la versión del “boicot” de el ex secretario de Estado de no llevar a cabo una instrucción de Michelle Bachelet. “Todos conocemos lo nefasto que ha sido Jaime Campos en su papel de ministro de Justicia, pero el hecho real es que estuvo ahí (en su cargo) hasta el último momento, siguió de ministro de Justicia, y aquí lo único real es que Punta Peuco seguirá siendo una cárcel de privilegio para los genocidas«, destacó.
Por último, manifestó que fue un “agravio adicional para el mundo de los derechos humanos” que, a la falta de una decisión positiva, “se le añadan todos estos dimes y diretes: que una funcionaria vio el decreto, pero no estuvo en la reunión, que el otro dice que no…”. En ese sentido, “si se hizo el decreto, si no se hizo, si estaba en el cajón uno o en el cajón dos, si le hicieron la media firma, la mosca, la firma entera, es irrelevante, y toda esta discusión sólo añade agravio” a las familias de las víctimas de la dictadura.