Uno de las primeras tareas que tendrá que resolver el nuevo gobierno de Sebastián Piñera en materia de obras públicas será definir el destino del Puente Cau Cau. La estructura, que se encuentra paralizada desde 2015, involucró a la empresa constructora Azi y al Fisco en una batalla judicial.
La administración anterior aseguró que el puente debía ser desmantelado, mientras que la empresa se defiende argumentando que pueden reparar la obra. Según un informe realizado por el perito Álvaro Peña sobre el puente, la estructura es «irreparable» y fundamenta la decisión del Ministerio de Obras Públicas de terminar el contracto de construcción de forma anticipada.
El informe contiene una serie de pruebas y conclusiones que hablan acerca de los errores en los métodos constructivos y descarta que el diseño encargado por el MOP haya sido el causante del colapso de la obra.
Las conclusiones de estudio apuntan a que existieron errores constructivos de los tableros y que la obras ejecutadas no cumplen con los estándares exigidos en la licitación. Una de las evidencias es que hubo una «inadecuada materialidad de las piezas, que inducen una merma en la capacidad y resistencia de la estructura».
Además, en cuanto a diseño, la ingeniería del proyecto del MOP tenía falencias, pero cumplía con los estándares requeridos a nivel de estructura, de forma que no es causante del colapso y las fallas en la obra.
El informe cierra concluyendo que la obra le causó perjuicios al Fisco que superan los $ 5.468 millones, considerando los gastos generados desde el 24 de febrero de 2015, cuando tuvo su primera falla.
En su defensa, la empresa Azvi asegura que el informe desconoce que el proyecto licitado por el MOP «adolecía de graves errores de de diseño» que causaron sus fallas.