El 1 de abril de 2017 se estrenó la Reforma Laboral de la entonces presidenta Michelle Bachelet, llamada a «equiparar la cancha» entre sindicatos y empresarios, y actualizando el Plan Laboral de 1978, elaborado por José Piñera en plena dictadura militar.
El Consejo Superior Laboral -órgano compuesto por el gobierno, empresarios (CPC) y trabajadores (CUT)– elaboró un informe a un año de la aplicación de la nueva normativa. Y las conclusiones muestran indicios contradictorios con el propósito de la ley.
Si bien aumentó la tasa de sindicalización en empresas privadas, llegando al 20,9%, esto viene ocurriendo desde el año 2014 de forma más acelerada que en los años anteriores. Donde más se sindicalizan los trabajadores es en las empresas grandes (por 200 funcionarios), donde la tasa alcanza el 68%.
“En general, se prefiere menos sindicatos con más asociados, que una fragmentación de sindicatos pequeños”, dice el informe, publicado en Pulso.
En contraste, el número de huelgas legales ha disminuido. En 2017, año de aplicación de la reforma laboral, se aprobaron 630, de las que solo 106 fueron efectivas. En cambio, en 2014, hubo 730 huelgas aprobadas y 180 efectivas.
También disminuyeron las denuncias de prácticas antisindicales , pasando de 1.118 en 2015 a 862 en 2017.
En cuanto a los servicios mínimos -figura creada precisamente en la reforma-, el documento reconoce fue una práctica «compleja» en un comienzo, pero con el tiempo «se han ido generando ciertos estándares de servicio mínimo en cada tipo de industria, lo que significará que en poco tiempo se generen parámetros comunes e interpretaciones uniformes a lo largo del país para la calificación de estos servicios”.
En 2017 hubo 491 proceso de servicios mínimos, de los cuales la mayoría -el 58,2%- no se logró un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, debiendo acudir a la Dirección del Trabajo para destrabar la negociación.
El año pasado hubo 27 casos (9,4%) de servicios mínimos que se terminaron resolviendo en los tribunales laborales.