En octubre de 2015, en el barrio de Flores en la ciudad de Buenos Aires, el joven Gabriel Marino asesinó a puñaladas a Diana Sacayán, líder de la comunidad trans argentina. El caso se volvió en el primer juicio por «travesticidio»: un asesinato marcado por la violencia de género y el odio a la identidad de género.
El 1 de febrero de 2018, en un barrio de Quinta Normal, Paloma sufrió una dura golpiza que la dejó casi moribunda frente al pasaje de su casa. Estuvo dos semanas en el hospital San Juan de Dios, hasta que un accidente cerebro vascular -producto de un coágulo que se formó en cabeza gracias a la golpiza- terminó con su vida.
Paloma murió a los 74 años, como la mujer trans de más edad en el país. Pero nada que la rodeaba decía su nombre. Tenía un pijama de hombre puesto. Su ficha médica, la investigación caratulada en el Ministerio Público para esclarecer su muerte e incluso su lápida en el cementerio general tienen otro nombre, ese con el que nació, pero que dejó atrás en vida.
«Pablo me empujó»
Paloma vivió su vejez a duras penas. Sumida en la marginalidad, logró salir adelante con una serie de ayudas sociales, como la Cartola Hogar del Ministerio de Desarrollo Social y el Hogar de Cristo. Clave en sus últimos años fue Traves Chile, una ONG que apoya a las pocas trans que llegan vivas a la tercera edad.
Silvia Parada, amiga de Paloma y miembro de Traves, estuvo con ella en su lecho de muerte. El 12 de febrero logró intercambiar unas palabras con ella. Silvia, entonces, tomó su teléfono y grabó. Le preguntó qué le pasó. «Pablo, me empujó», afirmó la anciana trans.
Paloma vivía con sus cuatro gatos en una casa en la calle Miguel de Cervantes, comuna de Quinta Normal. Su arrendatario era Pablo Plaza Barra, una persona con la que, según vecinos, ya había tenido conflictos y discusiones en el pasado.
Un día después de la muerte de Paloma, Silvia realizó una denuncia ante el Ministerio Público, mostrando el video donde su amiga reconoce a su presunto asesino.
La investigación está en manos de Carolina Acevedo Zepeda, fiscal adjunto de la Fiscalía Local Santiago Poniente. Hasta ahora, no se han producido mayores avances en la investigación. Por eso, la ONG Defensoría Popular estampó el pasado martes una querella criminal contra Pablo Plaza, como autor del asesinato de Paloma.
Crimen de odio
Marcela Herrera, abogada de la Defensoría Popular, afirma que la muerte de Paloma es un crimen de odio: «Ella es asesinada por el hecho de ser trans», dice tajante.
La abogada critica los nulos avances en la investigación pese a que la denuncia se produce apenas muere Paloma, cuando Traves envía el video a la Fiscalía. «Ellas fueron invisibilizadas por todo el sistema penal. Ni siquiera se iniciaron diligencias, por eso nosotros nos querellamos, para que este tremendo crimen de odio no quede impune», explica.
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