Ampliamente celebrado ha sido el dictamen que emitió la Contraloría General de la República la tarde de este miércoles, en el que declaró que el protocolo que rige la objeción de conciencia para las instituciones privadas –y que estableció el gobierno de Piñera a dos semanas de su llegada– no se ajusta a derecho.
Hasta la salida de la administración Bachelet, el documento establecía que las instituciones privadas que quisieran acogerse a la objeción de conciencia institucional –facultad que no está permitida para establecimientos públicos– no podían mantener convenios para recibir recursos del Estado para prestaciones gineco-obstétricas (para pacientes derivados de Fonasa).
Sin embargo, apenas se instaló Piñera y compañía, y dado el lobby de instituciones como la Universidad Católica, el texto se modificó para que las clínicas pudieran negarse a practicar abortos sin ningún tipo de requisito. La medida generó una oleada de críticas, una interpelación en la Cámara de Diputados al ministro de Salud Emilio Santelices, y que un grupo de parlamentarios de oposición (PS,PPD, PR y PC) acudieran a Contraloría para su pronunciamiento.
En redes, tanto ciudadanos como figuras políticas han manifestado su conformidad con el dictamen y han celebrado el actuar del organismo.