Ayer, el ministro de Interior, Andrés Chadwick Piñera, llegó feliz a la comisión de Constitución del Senado a presentar la iniciativa del Ejecutivo que reforma la actual ley N°18.314, que sanciona las conductas terroristas.
Con la reciente condena en el caso Luchsinger Mackay -el primero en que se acredita el delito terrorista en La Araucanía- el gobierno creía tener el apoyo suficiente para un rápido trámite de la iniciativa, que entrega más facultades a las policías en la persecusión de este tipo de delitos.
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Sin embargo, Chadwick se encontró el tapón que le ofreció Francisco Huenchumilla (DC), senador por La Araucanía y presidente de la comisión. De cara al ministro, le planteó que el gobierno «cometió un error porque no señaló cuales son las fuentes de financiamiento de esta nueva ley».
Vale recordar que existen todavía otras dos iniciativas de reforma a la Ley Antiterrorista en el Congreso. Y según Huenchumilla, esta es la única que compremete gastos del Estado, sobretodo en la especialización de policías y fiscales que estarán en Santiago tramitando las causas de todo el país.
El proyecto presentado por el gobierno no mencionaba gasto alguno. “Yo le señalé al ministro que o el Gobierno me presentaba a mí ese informe financiero o yo lo declaraba inconstitucional”, le dijo el senador a Bío Bío.
“Si tu trasladas la competencia de todos los tribunales de Chile a Santiago, tienes que trasladar a imputados, fiscales, gendarmes, Carabineros y hacerlo en avión, mantenerlos en Santiago, darles estadía y evidentemente implica gasto”, especificó Huenchumilla.
La comisión decidió darle plazo hasta la próxima sesión para que el gobierno presente el informe financiero que trae el proyecto.