En una nueva arista de la polémica generada por su viaje a la Universidad de Harvard, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ahora es objeto de críticas por su decisión de contratar a un abogado particular, para defenderse en una querella interpuesta en su contra a raíz de su visita a la casa de estudios.
Se trata del profesional Carlos Cortés Guzmán, del estudio Cortés & Rodríguez Abogados, quien cuenta con un interesante currículum: fue parte de la primera defensa en el caso Penta, donde representó al funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), Iván Álvarez.
Además, como publica El Mostrador, Cortés Guzmán también defendió en el mismo caso a Patricio de Solhiminac, gerente de SQM, y en el caso Corpesca, al desaforado senador Jaime Orpis.
El abogado fue contactado por el secretario de Estado debido a la querella por presunta malversación de fondos públicos interpuesta en su contra por el abogado Luis Mariano Rendón, a raíz del cuestionado viaje. Esta información fue confirmada por la oficina de prensa del Ministerio.
¿Es apropiado que Larraín contrate a un abogado privado en este caso, siendo ministro? Para el abogado especialista en derecho público, Cristóbal Osorio, «si el polémico viaje a Harvard corresponde a una actividad propia del ejercicio de las funciones de un ministro de Hacienda, como sostiene Larraín, procedería que tal cartera incurra en los gastos de la referida defensa judicial».
«Por el contrario», agrega, «si es el propio afectado quien asume los gastos de la defensa, está admitiendo implícitamente que su famoso viaje fue con fines privados».