Si el pasado 17 de mayo fueron 10 mujeres de toda la oposición las que se unieron para presentar la acusación constitucional contra el ministro de Salud Emilio Santelices, hoy la imagen fue radicalmente contraria. Cinco hombres fueron sorteados para integrar la comisión que analizará la adminisibilidad del recurso.
La acusación viene a raíz del cambio ejecutado por el gobierno al protocolo de objeción de conciencia en el marco de la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. La modificación abrió la puerta a destajo a la objeción institucional, incluidas aquellos establecimientos con contratos con el Estado.
Finalmente fue la Contraloría la que declaró ilegal el cambio, asegurando que el nuevo protocolo vulneraba el derecho de las mujeres a acceder al aborto en tres causales.
Sin embargo, eso no quitó la intención de diputadas de acusar al ministro por vulnerar los derechos de las mujeres.
Hoy, la Cámara de Diputados realizó el sorteo de los cinco nombres que revisarán la admisibilidad: Jorge Rathgeb (RN), Diego Schalper (RN), Renato Garín (RD), Ramón Barros (UDI) y Marcos Ilabaca (PS).
Por ser patrocinantes, se excluyó del sorteo a todas las mujeres que patrocinaron la acción: Karol Cariola (PC), Daniella Cicardini (PS), Cristina Girardi (PPD), Carolina Marzán (PPD), Claudia Mix (Poder), Emilia Nuyado (PS), Maite Orsini (RD), Marisela Santibáñez (PRO), Camila Vallejo (PC) y Gael Yeomans (RD).
Los cinco parlamantarios varones deberán analizar el documento y determinar si efectivamente el ministro Santelecies «comprometió gravamente el honor o la seguridad de la Nación por infringir la Constitución o las leyes o haber dejados éstas sin ejecución».
Su rol será elaborar un informe que contenga, según lo establece la Ley Orgánica del Congreso Nacional, «una relación de las actuaciones y diligencias practicadas; una síntesis de la acusación, de los hechos que le sirven de base y de los delitos, infracciones o abusos de poder que se imputen en ella; una relación de la defensa del o de los acusados; un examen de los hechos y de las consideraciones de derecho, y la o las resoluciones adoptadas por la comisión».
Por último, un representante presentará las conclusiones ante la Sala de la Cámara de Diputados.