muni provi | Foto: Municipalidad de Providencia
El fallo de la Corte Suprema determinó que el Colegio Providencia –donde ocurrieron los hechos– y el municipio sí tuvieron responsabilidad ante el actuar de sus funcionarios –el agresor fue un auxiliar– y por tanto también deben responder ante este tipo de hechos.
Los hechos se remontan a once años atrás. La tarde del 16 de abril de 2007, a eso de las 13:30 horas, Héctor Zambrano Núñez, quien trabajaba como auxiliar en el Colegio Providencia (ubicado en la comuna con el mismo nombre), abusó sexualmente de una alumna que entonces tenía ocho años, de iniciales R.F.S.S, en una bodega del establecimiento.
Este jueves, el proceso judicial llegó a su fin con un fallo de la Corte Suprema que condenó a la Corporación de Desarrollo Social de Providencia (a cargo de las áreas de educación y salud) a indemnizar con un total de $120 millones a la víctima y a su familia por los perjuicios y el daño moral que sufrieron a causa de la agresión. De esa cifra $80 millones están destinados a R.F.S.S y $20 millones para cada uno de sus padres, Reynaldo y Rosa.
Según publica La Tercera, el fallo se sustenta en los principios de hecho ajeno y solidaridad. En el caso del primero, el máximo tribunal recalca que el agresor –quien ya fue condenado y se encuentra fallecido– trabajaba como auxiliar del colegio, que es municipal, y por lo tanto, dependía de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia, y establece que las instituciones son responsables no sólo de sus propias acciones sino que también “de hecho” de aquellos que están a su cuidado.
Con respecto al principio de responsabilidad solidaria, la Corte Suprema además señaló que la Corporación también era responsable civilmente por los hechos, contrario a su defensa que había señalado que nos les fue posible impedir la situación.
La sentencia fue valorada por el abogado Gabriel Osorio, de Osorio Vargas & Abogados, quien señaló que “este fallo profundiza el criterio de que todos los colegios tienen una responsabilidad civil por los hechos cometidos por sus profesores y funcionarios en el ejercicio de sus funciones y eso implica que los establecimientos públicos y privados van a tener que elevar sus estándares”.
