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El Comité contra la Tortura del organismo internacional pidió a las autoridades chilenas que se abstengan de aplicar la Ley antiterrorista a personas acusadas únicamente de atentar contra la propiedad privada durante las protestas por los derechos del pueblo mapuche y solicitaron «revisar y enmendar» esa legislación.
Por aclamación la Asamblea General de Naciones Unidas el nombramiento de la ex presidenta Michelle Bachelet como nueva Alta Comisionada de Derechos Humanos. La ratificación, que tuvo lugar este viernes, se dio luego de que toda la semana se valorara la opción de su designación, luego de que el secretario general del organismo, Antonio Guterres, propusiera su nombre para ocupar el cargo el martes.
A partir del 1 de septiembre, la ex mandataria reemplazará a tiempo completo al jordano Zeid Ra’ad Al Hussein desde Suiza.
El presidente Sebastián Piñera felicitó a su antecesora por su nuevo cargo y destacó su “compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos (…). Le deseo éxito y sabiduría en este nuevo desafío”. Sin embargo, no todos compartieron la mirada del jefe de Estado. Para algunas organizaciones de derechos humanos la nominación resulta “contradictoria» y criticaron su elección.
La ratificación por parte de la Asamblea de la ONU llega el mismo día en el que el que el Comité contra la Tortura del organismo internacional pidió a las autoridades chilenas que se abstengan de aplicar la legislación antiterrorista a personas acusadas únicamente de atentar contra la propiedad privada durante las protestas por los derechos del pueblo mapuche.
Las conclusiones, que se recogen tras examinar el informe periódico que la delegación nacional en Ginebra presentó en cumplimiento de la «Convención internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», los expertos del Comité solicitaron a Chile «revisar y enmendar» esa legislación para que se defina de forma precisa los actos de terrorismo y que los detenidos tengan acceso a las garantías básicas contra la tortura, como el derecho a comparecer sin demora ante un juez tras su arresto.
Uno de los puntos que el ente pone más en cuestión es la posibilidad de ampliar hasta diez días el plazo para poner al detenido a disposición de un juez. Además, manifestaron su preocupación por las noticas sobre abusos policiales, violencia sexual y represión en los allanamientos y protestas del pueblo mapuche.
Según el informe del Comité, entre enero de 2009 y mayo de 2018 se abrieron 1.042 causas judiciales por actos de tortura y que se puso término a 599 de ellas, sin esclarecer los motivos de los sobreseimientos.
