A principios de octubre, el Movimiento de Liberación e Integración Homosexual denunció al Estado ante al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH por la denegación del proyecto de matrimonio igualitario. La medida se enmarcó en la ofensiva presentada en 2012 ante el organismo y que se paralizó el 2016, tras alcanzar una solución amistosa con el gobierno de Michelle Bachelet.
El acuerdo al que se sumó el Estado contemplaba tres puntos principales, entre las que se consideraba identidad de género, adopción homoparental y el «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva».
Por ello, el Movilh acusó ante la CIDH el incumplimiento de este punto, considerando la postura del gobierno de Piñera de no impulsar o acelerar el proyecto de matrimonio igualitario, que ingresó en agosto de 2017 al Congreso.
Según consignó La Tercera, en la reunión sostenida el pasado 2 de octubre en Estados Unidos estuvieron los representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos y de la Cancillería, junto al relator de la CIDH para Chile, el colombiano Ernesto Vargas, además de los abogados del Movilh. En la instancia, el Gobierno aseguró que ha cumplido con los tres puntos del acuerdo.
Además, sostuvieron que el Estado no está obligado a aprobar o impulsar el matrimonio igualitario en el Congreso. La minuta de la Subsecretaría de DD.HH consigna que «el Movilh argumenta que el Estado no ha cumplido su compromiso en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo. En efecto, de acuerdo al comunicado de Rolando Jiménez, ‘tanto el Estado de Chile como nosotros y la CIDH asumimos el compromiso de impulsar de manera permanente el matrimonio igualitario, con miras a su aprobación’. Esta afirmación no se condice con los compromisos adquiridos por Chile».
El documento recalca que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo». Además, el Gobierno sostuvo que «el Estado, a través del Ejecutivo, no podría haberse obligado a ejecutar una acción que compromete a otro Poder del Estado (Poder Legislativo)».
«El Ejecutivo no puede, a través de un acuerdo de solución amistosa, comprometer al Congreso a aprobar un proyecto de ley. Lo contrario sería atentar contra el principio constitucional de separación de poderes», añade la minuta del Gobierno para cerrar recalcando que «el Estado de Chile considera que cumplió el compromiso adquirido en el acuerdo de solución amistosa suscrito con el Movilh en relación al matrimonio entre personas del mismo sexo».