Ivo Mena, de 36 años, padece de un dolor rotuliano severo crónico que mejoró considerablemente tratándose con cannabis medicinal. Sin embargo, fue denunciado al Ministerio Público por tráfico y, en casi un año de investigación, solo le logró acreditar tenencia de plantas y flores de cannabis. Aún así, desde el 23 de mayo, Ivo se encuentra con arresto domiciliario total, pidiendo la nulidad de su caso.
El 2012, el ingeniero en computación fue diagnosticado con una malformación congénita en los meniscos por la unidad de traumatología de la Clínica Ciudad del Mar, una patología que le provocaba mucho dolor. Probó con celebra, un antiinflamatorio recetado por su traumatólogo. Si bien le quitaba el dolor, los efectos secundarios eran terribles y deterioraban su calidad de vida. Llegó a Fundación Daya Quilpué en búsqueda de un tratamiento más natural que le quitara el dolor sin hacerle tanto daño. Esta fue la razón de sus 10 plantas, que necesitaba para preparar su medicina.
En junio del año pasado denunciaron anónimamente a Mena por tráfico de drogas. Él iba llegando a su casa cuando nota que un auto estaba estacionado afuera: pensando que era un portonazo presta más atención y ve a funcionarios de la PDI.
«Me dijeron que me investigaban por tráfico en la municipalidad donde trabajo, que supuestamente era parte de una organización. Les ofrecí entrar, que vieran que tenía plantas pero que no era ningún traficante», cuenta.
En ese momento, Ivo sólo quedó con arraigo nacional y firma quincenal mientras se investigaba. Sin embargo, a los meses siguientes, funcionarios de PDI vuelven a su trabajo por una segunda denuncia. Ivo los lleva a su casa y nuevamente le muestra sus plantas para evidenciar que no hay tráfico, solo consumo medicinal.
Mena fue detenido nuevamente y quedó con arresto domiciliario total. Sin embargo, estaba tranquilo porque no había pruebas que demostraran tal acusación. Confiaba en que la investigación dejaría claro que no era traficante, sino que un usuario medicinal.
«Nuestro ordenamiento reconoce como derecho fundamental el gozar de la presunción de inocencia, en la práctica para los delitos de drogas eso no aplica. Se le exige a los imputados y sus defensas probar inocencia, y fuera de toda duda razonable. Además, porque los tribunales le facilitan tanto el trabajo al Ministerio Público este destruye arbitrariamente la única evidencia que les permitiría a los usuarios probar su inocencia, esto es, sus cultivos», explicó Catalina Delgado, abogada colaboradora de Fundación Daya.
Finalmente, el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota lo condenó a sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, accesoria de suspensión de cargo y oficios públicos mientras dure la condena y a la pena pecuniaria de multa de dos unidades tributarias, sustituyéndose la pena privativa de libertad impuesta por la de libertad vigilada simple. Actualmente Ivo espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre el recurso de nulidad que interpuso su defensa contra la sentencia que lo condenó.
Desde Fundación Daya recalcaron que «el caso de Ivo refleja la realidad de los miles de pacientes usuarios de cannabis que a diario ven vulnerado sus derechos». En este escenario, añadieron, es más importante el proyecto de Ley Cultivo Seguro, además de una modificación al Código Sanitario que permita que la prescripción médica sea autorización suficiente para el cultivo y cosecha personal de cannabis. También buscan limitar las facultades de detención o incautación cuando no hay antecedentes de tráfico.
Pese a que la Ley Cultivo Seguro que aprobada en la Cámara de Diputados, aún está pendiente su tramitación en la Comisión de Salud del Senado.