Senadores de oposición sumaron más de cien indicaciones al proyecto de ley de integridad pública para «endurecer» la iniciativa impulsada por La Moneda, que entre otros aspectos busca regular la contratación de parientes en la administración pública.
Las enmiendas planteada por los parlamentarios Juan Ignacio Latorre (RD), Rabindranath Quinteros (PS) y los independientes Pedro Araya, Alejandro Guillier y Carlos Bianchi buscan potenciar el control en materia de conflictos de interés, limitando la contratación de familiares y la denominada «puerta giratoria» entre el sector público y privado.
La iniciativa fue enviada al Congreso en julio pasado, tras la polémica que provocó el fracaso en el nombramiento del hermano del presidente Sebastián Piñera como embajador de Argentina. En ella, se establece que las autoridades que quieran nombrar a algún familiar en un cargo deberán hacerlo previo informe del Servicio Civil. El hecho deberá ser conocido por el Consejo de Alta Dirección Pública, quienes harán recomendaciones en torno al candidato.
Guillier y Latorre también proponen ampliar dicha obligación al cuarto grado de consanguinidad, incluyendo a los primos de las autoridades que van desde el Presidente y sus ministros hasta los alcaldes.
Desde la oposición se han planteado críticas a la iniciativa del gobierno, argumentando que busca regularizar la contratación de familiares en la administración del Estado, en lugar de combatir el nepotismo. Pese a que la propuesta del Ejecutivo establece la prohibición por un año de que las autoridades puedan ofrecer servicios a organismos que bajos sus cargos hayan tenido que fiscalizar, recalca que dicha limitación se dará solo si la autoridad ha tomado «participación personal o directa” en algún proceso administrativo, resolución o acto de fiscalización.
En este sentido, según consigna La Tercera, los senadores buscan eliminar el requisito de participación «personal y directa» para endurecer la norma.