Pese a que tanto el ministro de Justicia, Hernán Larraín, como la vocera de gobierno Cecilia Pérez han señalado que nunca ha estado en discusión el cierre del penal Punta Peuco, pocos días antes del fin del mandato de Michelle Bachelet en La Moneda, la idea volvió a salir a flote.
De hecho, en una minuta interna de 26 páginas elaborada por el Ministerio de Justicia en septiembre pasado, se señala como propuesta el cierre del penal, argumentando que debe ser sometido a decisión del presidente Sebastián Piñera.
Según informó La Tercera, en la minuta se plantea continuar con el Plan Nacional de Búsqueda y Destino Final de Detenidos Desaparecidos, que formó parte del Plan Nacional de DD.HH. que impulsó la administración anterior y que en teoría se encuentra siendo implementado.
Al respecto, el texto señala que se debe «determinar la cifra oficial de víctimas de desaparición forzada o involuntaria y la identidad de quienes hayan sido identificadas a la fecha». A la vez, se recalca que «redirigiremos todos los recursos necesarios para que se pueda llevar a cabo, a fin de concluir la identificación de restos para que sus familiares puedan comenzar a cerrar el ciclo».
Por otra parte, se indica una propuesta para enfrentar el retiro del proyecto que establecía un bono reparatorio para las víctimas Valech, algo que decidieron argumentando un problema de financiamiento. La beca otorgaba un bono a presos políticos y torturados durante el régimen militar.
El texto proponía «eliminar la incompatibilidad entre el Pilar Solidario y las pensiones Valech» y también buscaba modificar el acceso a la pensión Valech. Además, el texto reconoce la idea de presentar un proyecto de ley sobre sitios de memoria, que tendría por objetivo «contribuir a la preservación de la memoria colectiva» del país.
La minuta también señala la intención de avanzar en tres proyectos con enfoque de derechos humanos: una ley humanitaria que regula la situación de mujeres embarazadas y con niños menores de dos años privadas de libertad y otro «cuyo objetivo principal es derogar toda disposición legal que limite parcial o totalmente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad».
Desde el Ministerio de Justicia señalaron que la minuta es en realidad un borrador que fue desechado por el ministro y la subsecretaria. A la vez, Recabarren señaló que «no reconocemos en este texto una propuesta oficial que haya sido, en ese carácter, presentada en ninguna instancia formal. Sin perjuicio de ello, y al ser un documento interno, el Ministerio de Justicia y DD.HH. instruirá una investigación sumaria para determinar la fuente de la filtración».