Una de las iniciativas que se elabora dentro del Ministerio de Justicia es la que busca realizar una reforma al Código Penal, que actualmente se encuentra en su fase de anteproyecto, y que cobra relevancia luego de que, este miércoles, el Tribunal Superior de Navarra confirmara la condena a 9 años a «La Manada», los cinco hombres sentenciados por abusos sexuales y no por violación a una joven de 18 años.
La iniciativa contiene una serie de propuestas de distintas materias, elaboradas por una mesa de trabajo compuesta por académicos y expertos –sin ninguna mujer–, y entre ellas, destaca la que aborda las penas para los delitos de carácter sexual y los grados de resistencia de las víctimas.
La regulación actual considera la violación como el atentado más grave del que puede ser víctima una persona dentro del catálogo de «delitos sexuales», precisamente porque la conducta sexual se lleva a cabo sin la voluntad de la agredida. Sin embargo, según consigna El Mercurio, el anteproyecto del nuevo Código Penal plantea realizar una distinción entre una violación mediante agresión sexual y otra por abuso sexual.
En el caso de la primera, se trata de aquellas que se realizan con violencia, mientras que las segundas se refieren a los casos en que se abusa de la enajenación o trastorno mental de la persona afectada, aprovechamiento de la privación de sentido, o de la grave dificultad para resistir.
De este modo, también varían las penas, y en el caso de las violaciones realizadas con violencia, la condena puede ir de 5 a 10 años, mientras que con abuso bajaría a un rango de entre 3 a 7 años.
«(La iniciativa) Valora como hipótesis más graves los supuestos en que la voluntad de la víctima se ha doblegado por actos de amenaza grave y por agresión, por sobre aquellas en que la penetración genital se ha logrado por un defecto en la voluntad de la víctima que no hace necesario doblegarla de forma directa», explicó Gonzalo García Palominos, abogado de la Universidad de Los Andes.
Por otra parte, el documento además plantea rebajar la edad para consentir en materia sexual de 14 a 12 años.
La propuesta ha generado el rechazo de organizaciones como la Red Chilena Contra la Violencia Hacia Las Mujeres, que manifestaron sus críticas a través de sus redes sociales. «No hay violaciones ‘normales’. No hay violaciones menos graves. Simple: si no hay consentimiento, es violación (…) Las mujeres somos diversas y reaccionamos diferente: no es más o menos violación si no nos defendemos o pedimos ayuda o si no estamos en capacidad de hacerlo», escribieron en su cuenta de Twitter.
«Tipificar de manera distinta dependiendo de si pusimos resistencia o no pone la responsabilidad sobre personas agredidas. Los únicos responsables de la violaciones son los violadores y los autoridades políticas que insisten en no entender la magnitud de la violencia patriarcal», agregaron.