Durante el pasado miércoles, los Observadores de Derechos Humanos Sutra Chile denunciaron la detención del tío, el padre y la madre del adolescente que acompañaba a Camilo Catrillanca cuando fue asesinado en Ercilla.
Los comuneros, junto a otros miembros de la comunidad de Temucuicui, fueron detenidos por supuestos «desórdenes públicos». Sin embargo, según informó el padre del adolescente, Jorge Palacios, Carlos Huaquillan se encontraba junto a su hijo de 9 años en una bencinera frente a la comisaría de Ercilla cuando el pequeño lanzó una piedra a un carro lanza aguas que se encontraba en el lugar.
Los funcionarios reaccionaron tirando un chorro de agua al niño y su padre se tiró sobre el carro para protegerlo. En tal contexto, el comunero fue detenido y denunció haber sido golpeado al interior del recinto policial por el funcionario Pablo Godoy, el mismo carabinero que en febrero pasado disparó a Carlos Huaquillan -tío del adolescente- provocándole la pérdida de visión de un ojo.
Además, hay otros antecedentes que vinculan a Godoy a la detención de tres niños de 12, 15 y 15 años en marzo de este año. Los adolescentes fueron llevados a un sitio eriazo, donde los obligaron a desnudarse y recibieron amenazas de parte de los funcionarios.
Hueiquillán, la madre y el padre del adolescente M.P.C. fueron detenidos por los funcionarios, tras una discusión porque no les permitían ingresar a ver sus familiares. Durante la detención, Rosa Palacios Quiñilen aseguró haber sido golpeada y fue derivada junto a su esposo a constatar lesiones.
La situación provocó que el lonko Catrillanca llegara a la comisaría de Ercilla para ver la situación de los detenidos. En la instancia, denunciaron otro hecho grave: en medio de la espera por la libertad de sus padres, el adolescente que acompañaba al comunero mapuche asesinado recibió la amenaza de un funcionario de Fuerzas Especiales: «Ya vas a caer tú, hueón», le dijo.
Los funcionarios habrían vulnerado un recurso de amparo que la Corte de Apelaciones de Temuco acogió a favor de los familiares y del adolescente M.P.C el pasado 4 de diciembre, donde se les ordenó «actuar con estricta sujeción a la normativa constitucional y legal vigente, absteniéndose, en lo sucesivo, de afectar los derechos fundamentales de los amparados, especialmente de aquellos que son niños y/o adolescentes».
Tras quedar en libertad, la familia está analizando acciones legales, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos anunció acciones legales por los malos tratos, insultos y amenazas que sufrieron los familiares y el propio niño de 15 años que acompañaba a Camilo Catrillanca al momento de su muerte.
«El INDH exige que estos hechos se investiguen y se adopten las medidas de protección adecuadas para resguardar a las víctimas y a las personas de la comunidad contra hostigamientos en su contra por parte de Carabineros», declararon.