Desde 2017 el Poder Judicial junto al Ministerio de Justicia y el Servicio de Registro Civil han realizado un esfuerzo por eliminar las inconsistencias en el sistema de registro de inhabilidades de condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
De esta forma, se realizó la revisión de todas las condenas y sistemas informáticos. Igualmente, se actualizó un convenio entre ambas instituciones mantienen desde 2007.
En este recuento, la Corporación Administrativa del Poder Judicial envió al Registro Civil un total de 10.651 condenas a personas que implican su inhabilidad para trabajar con menores entre 2012 y octubre de 2018. Algunas de estas no estaban incluidas en el sistema por diversas razones.
Igualmente, la Corporación Administrativa del Poder Judicial reafirmó su tarea de proporcionar de forma automatizada, la información relativa a sentencias, cumplimientos y quebrantamientos. Por su parte, el Registro Civil se comprometió a procesar y cargar la información en sus sistemas.
El presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito valoró la rigurosidad de este proceso. “Nos llena de orgullo y de tranquilidad pues significa no solo el cumplimiento estricto de la normativa sino refleja un esfuerzo de obligarnos ambas instituciones a sistemas de control recíproco con el único fin de proteger y salvaguardar loa derechos de los niños, niñas y adolescentes”, sostuvo.