Este lunes el ministro en visita, Guillermo de la Barra –quien tramita la causa del caso Riggs– determinó rechazar la solicitud del ex albacea de Augusto Pinochet, Óscar Aitken, quien requería la restitución de $900 millones (US$1,3 millones) que fueron incautados en la investigación sobre el origen de la fortuna del dictador.
Aitken argumentaba que dichos fondos correspondían a «honorarios» por el trabajo que realizó para el dictador en la administración del fideicomiso de su fortuna. Sin embargo, según consigna La Tercera, el magistrado concluyó que las labores de Tasker fueron las de ocultar y administrar la fortuna.
Además, el juez le dio la razón a los argumentos de la defensa de Lucía Hiriart, que se oponía a la petición y aseguraba que dichos montos pertenecen a los herederos de Pinochet, y que la justicia ya se refirió a esta materia en fallos por el caso Riggs de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.
«Los bienes raíces e inmuebles que da cuenta la causa (caso Riggs) fueron adquiridos por el general Augusto Pinochet y, por ende, hoy le pertenecen a su sucesión, cuyos miembros no son parte de este juicio», dice el fallo.
“Es dable colegir razonablemente que los bienes individualizados en el eliminado motivo Décimo Primero del fallo de primer grado pueden considerarse como los efectos de la perpetración de sus conductas delictuales (refiriéndose a Augusto Pinochet Ugarte) cometidas en perjuicio del erario nacional”, dice el juez quien agrega “y entre estos bienes están precisamente los dineros provenientes de las cuentas de Tasker Investment”, continúa.
De este modo, Aitken quedaría fuera de la disputa legal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien actualmente se encuentra gestionando la recuperación del dinero defraudado por el dictador.