Hace unas semanas, la polémica que protagonizó el presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, quien expulsó a tres mujeres que descansaban a orillas del río Lanco, terminó por enfurecer a la opinión pública. Este y otros episodios similares dan cuenta de una realidad del país que está reñida con la ley: la de las playas y lagos privados.
Pese a que las autoridades han sido enfáticas en recordar que las playas y lagos son bienes de uso público, el Ministerio de Bienes Nacionales ya ha recibido 365 denuncias durante el último mes por trabas para el uso de balnearios. La mayoría de ellas son de las regiones de Biobío, Coquimbo y La Araucanía.
Esta vez, una familia que paseaba por la península de Pucón grabó cuando un grupo de jóvenes se le acercaron rápidamente en su moto de agua para increparlos y reclamarles por haber pasado muy cerca de sus boyas. «Les pido encarecidamente que pasen por afuera, ¿para qué vamos a tener problemas?», les dijo uno de ellos.
Mientras, integrantes de la familia respondieron al reclamo de los jóvenes, gritándoles que «el lago es libre, el lago es de todos».