“Fueron injustamente condenados en un juicio y en una revisión de la Corte de Apelaciones de Temuco y de la Corte Suprema plagada de irregularidades”, así lo afirmó el abogado defensor de José y Luis Tralcal, Sebastián Saavedra, quien presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que busca anular la sentencia de 18 años a la que fueron condenados.
“Aquí hay una presunción de inocencia totalmente derrumbada, tanto desde el poder político como de los mismos tribunales de justicia”, enfatizó el abogado a El Desconcierto.
Además, recordó que en este caso la jueza Ximena Saldivia terminó por salir de Tribunal Oral en Lo Penal (TOP) de Temuco, durante el segundo juicio que se desarrolló en el caso, tras una acusación de acoso laboral en contra de su par Germán Varas.
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Durante el primer juicio oral los comuneros fueron absueltos de los cargos que se le imputaban, por el incendio ocurrido en enero de 2013 en el predio de Werner Luchsinger y Vivian Mackay, quienes resultaron muertos.
“En esa oportunidad se absolvieron a estas personas con argumentos serios estableciendo que no había vinculaciones, sin embargo, en el segundo proceso la falta de pruebas se justificó de manera irrisoria”, sostuvo Saavedra.
Protesta afuera de la Corte Suprema / Agencia Uno
«Se busca verdad y reparación»
Mientras que el abogado querellante de José Peralino, también condenado a cinco años de libertad vigilada, Pablo Villar, sostuvo que “con esto se da un paso buscando justicia, verdad y reparación en esta causa que ha sido una de las más paradigmáticas de los últimos años”.
“Hay que recordar que después de las torturas recibidas por José Peralino nosotros anunciamos que recurriríamos a esta instancia lamentando que el sistema nacional no diera el ancho y los agentes estatales se negaran de eclarecer la verdad (…) El Estado de Chile se negó a esclarecer los hechos que había sufrido Peralino como víctima”, indicó.
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Luego de los alegatos que se realizaron en octubre pasado en la Corte Suprema, el máximo tribunal resolvió eliminar el carácter terrorista de los delitos por los cuáles eran acusados los mapuche, sin embargo, se les condenó a 18 años de presidio. Una vez agotadas las instancias judiciales en el país, el siguiente paso es recurrir a organismos internacionales que, en promedio, demoran entre ocho y diez años en entregar su resolución.