A través de un pronunciamiento, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada pidió a Chile mayor dureza en las penas contra criminales de lesa humanidad, evitando la aplicación de atenuantes y beneficios penitenciarios.
La instancia solicitó que ninguna de estas causas sea revisada por la justicia militar y recomendó al Estado, en su examen periódico sobre nuestro país, que «adopte las medidas necesarias para garantizar que los responsables de desaparición forzada sean siempre sancionados con penas apropiadas que tengan en cuenta la extrema gravedad del delito».
En este escenario, el comité manifestó su preocupación por los casos en donde se han aplicado atenuantes como «conducta anterior irreprochable» o por la sustitución de penas en prisión por libertad condicional. A la vez, cuestionó que la desaparición forzada aún no haya sido tipificada como delito en nuestro país.
La institución recordó que la justicia aún no ha iniciado procesos en torno a 355 casos de secuestro, detenciones ilegales y aplicación de torturas reconocidos, criticando el lento avance a la hora de resolver también las desapariciones que se han registrado en democracia, como es el caso de los jóvenes José Huenante y José Vergara.
El examen periódico de Chile ante el comité se realizó el pasado 9 y 10 de abril, con una delegación encabezada por la subdirectora de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Lorena Recabarren. En la instancia también se exigió que se aceleren las investigaciones relacionadas a niños y niñas perdidos en Chile, con cerca de 341 casos, de los cuales al menos 279 ocurrieron durante la dictadura de Augusto Pinochet.