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«Es una burla»: Denunciantes de abusos sexuales critican acuerdo entre la Fiscalía Nacional y la Conferencia Episcopal

Publicado: 02.05.2019

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Distintos denunciantes de abusos sexuales en la Iglesia Católica se pronunciaron en contra del acuerdo entre la Fiscalía Nacional y la Conferencia Episcopal, que buscaría facilitar los procesos investigativos en casos ligados a la institución.

De esta forma, la Conferencia Episcopal se compromete, entre otras cosas, a entregar información a la justicia por presuntos delitos sexuales durante las 24 horas posteriores a conocer las situaciones de abuso.

Este acuerdo ha sido duramente criticado desde distintos flancos, acusándose un trato especial por parte de la Fiscalía hacia dicha institución. Cabe destacar que el Ministerio Público se encuentra indagando 166 casos de abusos sexuales en los que estarían involucrados miembros de la Iglesia.

El denunciante Helmut Krmaer indicó que “no hay nadie en la Conferencia Episcopal que no haya sabido que se estaban abusando a niños, niñas, adolescentes y adultos. Y es con ellos que se sentaron a firmar un convenio”.

Por su parte, Mariano Pulgar, también denunciante de abusos, comentó a Radio Bío Bío que «para nosotros es una burla que el fiscal nacional se esté juntando con la Iglesia Católica, una institución que se supone que está investigando».

Desde la Organización de Laicos y Laicas de Osorno, su vocero Juan Carlos Claret, sostuvo que esperan que «no sea un chivo expiatorio para evadir el problema de fondo, que son las causas institucionales del abuso y poder discutir los mecanismos de secreto y silenciamiento de las víctimas que todavía operan dentro de la Iglesia”.

Asimismo, desde la Fiscalía detallaron que hasta el momento se contabilizan 248 víctimas y 221 personas investigadas, desglosadas en 152 sacerdotes, 10 obispos, nueve diáconos y 15 laicos.

Cabe destacar que hasta este viernes 3 de abril en Punto de Tralca se estará realizando una Asamblea Plenaria de obispos donde, entre otros temas, se discutirá el proyecto de ley que obligaría a los religiosos a denunciar casos de abusos sexuales, incluso aquellos revelados bajo secreto de confesión.

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