Mediante una carta apostólica titulada «Ustedes son la luz del mundo», el Papa Francisco mandata a todas las iglesias del mundo a establecer “uno o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar los informes, incluyendo eventualmente a través de la creación de un oficio eclesiástico específico”.
De esta forma, las diócesis deberán implementar un sistema público para presentar informes sobre las denuncias de potenciales casos de abusos sexuales, los cuales deber ser examinados en un plazo de 90 días. A pesar de esto, «el secreto confesional sigue siendo absoluto e inviolable».
En paralelo, se establece la obligación a todos los religiosos y religiosas de «informar con prontitud» a las autoridad eclesiásticas de todas las denuncias de abusos que conozcan. Lo mismo con las omisiones y encubrimientos en la gestión de los casos.
Hasta antes de este reglamento esa obligación recaía en la consciencia individual de cada religioso o religiosa, mientras que ahora es formalizada por un precepto legal establecido dentro de todas las iglesias del mundo.
Cabe destacar que estas normas no abordan la obligación de informar a las autoridades civiles, sino que se refieren únicamente al procedimiento interno de la iglesia católica.