La Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (AFFINDH) denunció prácticas antisindicales por parte de algunos jefes de unidad del organismo.
Se trata de Jorge Ortiz y Osvaldo Torres, jefes de las unidades de Administración y Finanzas y estudios, respectivamente, quienes fueron acusados ante la directora de Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras Largo.
«El señor Ortiz se ha caracterizado por entorpecer el normal funcionamiento de las unidades y sedes regionales, por sus constantes faltas a la probidad administrativa y por ejercer de forma sistemática dinámicas abusivas y permitir este tipo de conductas entre las y los trabajadores que dependen de la unidad que dirige», afirma el texto enviado a la directiva del organismo.
En la carta se señala que el día 11 de abril en el contexto del paro de trabajadores convocado por la CUT y la ANEF se colgaron carteles de protesta en la sede de Eliodoro Yáñez 832, los cuales fueron retirados por Ortiz, quien se jactó de la situación tomándose fotografías que posteriormente fueron enviadas a otras jefaturas regionales.
En el texto también se afirma que tanto Ortiz y Torres han desarrollado acciones con el fin de quebrar la unidad de la AFFINDH y promover la fundación de una sociedad paralela a la que pudieran afiliarse jefaturas, encargados/as y funcionarios/as que se desempeñen a honorarios. Según indica el Código del Trabajo esto es una práctica antisindical.
Además de esto, se afirma que ambos tienen malos tratos con los funcionarios del organismo. Un ejemplo de esto, serían los tratos discriminatorios con personal de aseo, a quienes se les habría indicado que no pueden tomar desayuno en las mañanas a pesar de que entran a las 7:30 y que si toman café pueden hacerlo de pie mientras trabajan.
Ante esta situación, los trabajadores llamaron a que se adopten «las medidas necesarias para prevenir que las jefaturas desarrollen actos imprudentes, reñidos con la libertad sindical y que afectan la imagen pública de la institución».
Para cerrar, los funcionarios exigieron que «las sanciones que se apliquen sean proporcionales a la gravedad de los actos que se han indicado previamente, y que no se apliquen sanciones irrisorias, como amonestaciones escritas, considerando que la relación laboral se rige por un contrato individual de trabajo y las amonestaciones escritas no tienen incidencia».