El pasado viernes el presidente Sebastián Piñera fue citado ante el Juzgado de Policía Local de Pucón, luego de recibir una infracción por parte de la Dirección de Obras de la municipalidad por pasar a llevar la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Puntualmente por “habitar y poner en uso construcciones sin la debida recepción municipal”.
En defensa del mandatario, su abogado, Walter Graf, señaló que el mandatario se enteró este año de las irregularidades de su propiedad de veraneo en el Lago Caburgua, en la región de La Araucanía.
«Nuestro representado desde hace casi tres décadas se ha consagrado activamente a la función pública, entregando la gestión y administración de sus empresas y bienes a sus asesores, por lo que no tuvo conocimiento del hecho de no haberse tramitado oportunamente la recepción definitiva de las construcciones ejecutadas, ya que se habían solicitado los permisos y pagado los derechos municipales correspondientes a la construcción y se había contratado a profesionales para desarrollar el proyecto completo”, explicó el abogado.
Graf hizo hincapié en que recién durante este año Piñera tomó conocimiento de «que las construcciones no contaban con recepción definitiva e instruyó de inmediato que se procediera a subsanar esta situación y se regularizaran las construcciones en sus aspectos municipales, para lo cual se contrataron los servicios profesionales requeridos«.
En este caso, la deuda acumulada en contribuciones por parte de Piñera se produjo porque éste nunca tramitó la recepción definitiva de las construcciones en las 20 hectáreas de terreno que posee en la novena región.
Finalmente, la Tesorería General de la República determinó que sólo podrá cobrarse de manera retroactiva la deuda de los últimos 3 años y no de los 30 años en que el presidente no ha pagado sus contribuciones. Distintos parlamentarios de oposición han criticado este punto.