Este miércoles 10 de julio, la Comisión de Educación y Cultura deberá votar por segunda vez en particular el proyecto conocido como “Educación sin Dicom”. La iniciativa busca que la información de los deudores educacionales no sea traspasada a los sistemas de deudas comerciales como Dicom, evitando así generar otros perjuicios comerciales a los deudores educacionales.
Que el actual sistema de financiamiento de la educación obliga a las personas a asumir personalmente deudas con el objetivo de acceder a un derecho que la Constitución en teoría garantiza, es lo que está en el corazón del proyecto propuesto por los senadores Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre, Carlos Montes y Jaime Quintana.
Ad portas de la votación en particular en la comisión de Educación, la senadora Yasna Provoste afirmó que “esperamos que todos los parlamentarios en forma transversal den su apoyo”.
De igual manera, la senadora DC explicó que como autores de esta iniciativa les “asiste la más profunda convicción que la educación es un derecho y no es una industria, y por lo tanto, no puede moverse con los valores del neoliberalismo y en ese sentido, creemos que todos aquellos que han hecho un esfuerzo importante en materia educacional no pueden estar en los registros comerciales por morosidad en ningún informe. Y que dicha situación signifique no acceder a otros beneficios sociales a lo largo de la vida”.
Provoste también explicó que “con este proyecto se replica lo que hoy existe para otros bienes que son básicos como lo es la luz, el agua y el gas, por tanto, las deudas educativas no estarán en el boletín comercial a todo evento”.
Cabe destacar que entre la información personal protegida se encuentran las deudas contraídas en el marco de las normas del Fondo Solidario de Crédito Universitario; y las deudas contraídas con bancos o instituciones financieras de conformidad a la ley que creó el Sistema de Créditos para Estudios Superiores (deudas del CAE), entre otras.
Con la votación de este miércoles el proyecto pasará nuevamente a la sala del Senado para ser discutido en general. Una vez aprobado allí, pasará a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.